El presupuesto de la Unión Europea para el periodo 2021-2027 no recoge ningún programa o fondo específico para luchar contra la despoblación ni contemplará criterios concretos que visibilicen este problema en el reparto del dinero a cada país, reconoció ayer el representante de la Comisión Europea en España, Dimitri Barua.

La noticia no es demasiado esperanzadora para Aragón, que reclama desde hace varios años una atención especial que contemple su peculiaridad como territorio envejecido y disperso. No obstante, el responsable comunitario asumió que se promoverá que los fondos «se adapten a cada realidad». Esto hace que la partida para Desarrollo Regional y Cohesión aumente en un 5%, lo que eleva la cifra a los 34.000 millones de euros. Barua defendió igualmente que los gobiernos locales tendrán más influencia en la gestión de los fondos.

En un desayuno informativo, el representante de la Comisión Europea en España detalló en Teruel el proyecto de presupuestos que deberá aprobar el Parlamento Europeo antes de las elecciones del 2019 (los primeros presupuestos comunitarios sin el Reino Unido) como un proyecto diseñado para que cada ámbito regional pueda tomar sus propias decisiones. Eso supone que cada cual tendrá que lidiar con un reparto similar al actual. «Las cuentas están pensadas para que la programación de fondos parta del terreno y que la asignación pueda cubrir todas las realidades, incluyendo la despoblación», justificó.

Por ese motivo aclaró que el reparto de fondos para luchar contra la despoblación es «más que un debate europeo» y reconoció que las comunidades autónomas también «están implicadas en la programación».

A pesar del desencanto provocado por sus palabras, Barua defendió que en la planificación económica del próximo año aparecen programas de los que se pueden beneficiar las regiones con más dificultades demográficas, como los que se planteen en el área de Desarrollo Regional y Cohesión con los Fondos Feder, por ejemplo, o en el Programa Life, que duplica su presupuesto.

De hecho, una de las cuestiones en las que han estado trabajando busca «simplificar la burocracia para los beneficiarios y los gestores de los fondos» y que las regiones de la UE que siguen a la zaga en términos de crecimiento o ingresos, ubicadas en su mayor parte en el sur y el este de Europa, puedan seguir beneficiándose «de importantes ayudas salidas de la UE».

En el caso de España, el aumento de la dotación de los fondos europeos en esta área llegará al 5%, elevando la cifra a 34.000 millones de euros. En principio la salida del Reino Unido no ha provocado cambios al respecto.