El sindicato UGT denunció que la empresa que estaba encargada del mantenimiento del edificio de Caja Inmaculada del paseo de la Independencia de Zaragoza, actualmente en proceso de convertirse en zonas comerciales y viviendas, llevó a cabo sus labores sin cumplir con las medidas reglamentarias en relación a los trabajos con exposición al amianto -presente en algunos lugares del inmueble, como constató Inspección de Trabajo- y también que ambas empresas no realizaran la coordinación en materia de prevención exigida en estos casos.

Por ello, una resolución de Inspección de Trabajo con fecha del 25 de enero, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, levantó un acta de infracción a Maprusa -empresa encargada del mantenimiento, 100% participada por la entidad bancaria y actualmente absorbida por Ibercaja Gestión de Inmuebles- por no adoptar estas medidas reglamentarias, y a la propia Ibercaja por no realizar la coordinación de actividades empresariales. Tras su visita al edificio el 10 de julio del año pasado, un inspector de Trabajo pudo constatar las irregularidades y, por ello, levantó el acta de infracción a Maprusa y a Ibercaja. «Son materiales de esos años y es normal que haya amianto; lo que no es normal es que no se informe a los trabajadores de mantenimiento de la existencia de amianto y de que no se tomen las medidas de seguridad necesarias y establecidas por la ley», explicaron desde el sindicato UGT.

TAMBIÉN EN EL PARAÍSO

No es la única irregularidad que denuncia este sindicato en lo relativo a los trabajos con el amianto en inmuebles de Ibercaja. También señalan que, durante las labores de desamiantado que se realizaron el verano pasado en el edificio central de la plaza Paraíso, la entidad impidió el paso a un inspector de Trabajo, quien acudió a revisar estas tareas.

Al respecto, detallan que Inspección de Trabajo levantó otra acta de infracción contra la entidad bancaria por obstruir el acceso al inspector. Ibercaja no se ha querido pronunciar acerca de ninguno de los dos asuntos.

El Gobierno central desoyó en 1984 las peticiones de los médicos de prohibir la utilización industrial del amianto, tras detectar los primeros casos en los años 70, con el objetivo de evitar el coste económico y laboral de su supresión, que se llevó a cabo en el 2002. UGT prevé la muerte de 50.000 trabajadores en España hasta el año 2030 por estar en contacto con este material.