Los colegios de abogados de Aragón dejan de prestar desde hoy la asistencia telefónica a las víctimas de violencia doméstica las 24 horas, como protesta por la privatización del servicio que lleva aparejada --la asesoría jurídica a mujeres-- por parte del Gobierno de Aragón.

El servicio, según garantizó la directora del Instituto Aragonés de la Mujer, Natalia Salvo, continuará prestándose con garantías, pero aún no está muy claro por quién. Pero desde las 14.00 horas de hoy, al menos en Zaragoza, no serán los abogados del Servicio de Atención a la Mujer (SAM), impulsores del servicio, tras más de dos décadas gestionándolo.

La despedida se estaba desarrollando ayer sin grandes novedades, según explicaba una de las letradas que lo prestaban, Victoria Gil. "Está siendo una guardia tranquila, suelen serlo", exponía. "Otra cosa es que cuando te llegan los casos sean realmente complicados; estamos hablando de episodios muy complicados de violencia doméstica, desde prostitución hasta mutilación genital", advertía.

A diferencia de los recelos de otros letrados, Gil no tiene dudas de que el IAM dejará el servicio en buenas manos, "porque es un tema importantísimo. Pero la calidad que ha tenido hasta ahora es muy grande, difícil de igualar", advertía. La letrada quiso dejar constancia del "magnífico trabajo del coordinador --de Zaragoza--, Antonio Muñoz", al frente del SAM.

Tendencia

La privatización --que la DGA justifica como una obligación de la Unión Europea, aunque los letrados discrepan-- la asumía con resignación e incluso cierto fatalismo. "Por más que nos pese, creo que es la tendencia con este Gobierno, se van a privatizar todos los servicios que gestionan los colegios de abogados", auguraba.

Conviene recordar que la asesoría de guardia que prestan los letrados también abarca la violencia de género, no solo la doméstica, afectada por esta licitación. Y esta, subraya la DGA, se adscribe al turno de oficio, y por tanto es intocable. Salvo por el recorte del 40% del presupuesto de justicia gratuita.