Un comercial se gana 600.000 por autovenderse 5.000 móviles

F. MANTECÓN 07/02/2012

Manuel Francisco A. H., exdistribuidor de Orange, se enfrenta a dos años de cárcel por haber abierto una autocartera de clientes en la que la mayoría de las 5.022 tarjetas que vendió fueron a parar a otra empresa suya, lo que le reportó más de 600.000 euros en comisiones. La acusación particular, ejercida por la compañía de telefonía móvil --France Telecom España-- eleva la solicitud a tres años de prisión, y coincide con la Fiscalía en que las dos sociedades implicadas, de las que el acusado era accionista único, deberían devolver el importe de las comisiones. La defensa de Manuel Francisco A. H., ejercida por el letrado Pablo Escudero, pide la absolución.

El motivo, según expuso ayer el acusado en el juicio, celebrado en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza, es que las 5.000 líneas las tenía "en estoc", en previsión de que alguno de los acuerdos con grandes clientes que asegura que negoció hubiera cuajado. Finalmente, solo vendió un centenar.

"La explicación es muy sencilla --expuso el acusado--. La venta de las tarjetas fue para desarrollar el sistema Locali", para la localización o activación de maquinaria industrial mediante mensajes de móvil, desarrollado junto a Orange. De hecho, aseguró que el importe de las comisiones revertió, al menos en parte, en el desarrollo del sistema. Pero, según expuso, la crisis económica dio al traste con los contratos que negociaba con "grandes empresas".

La versión de la empresa demandante es sensiblemente distinta. Según ellos, Manuel Francisco A. H. no comunicó "en ningún momento que la venta de las tarjetas no tenía ningún cliente final". La adquisición de las tarjetas comenzó en mayo del 2007, pero no fue hasta el 2009 cuando, en una revisión del tráfico de una antena en Alcañiz, comprobaron que los mensajes cortos que se enviaban con este sistema se centraban allí. "Debían ir dirigidos a máquinas por toda España", según el representante de Orange, "pero estaban todas centradas en Alcañiz, con mil tarjetas desde el mismo teléfono".

Según las acusaciones, el motivo de estos envíos de mensajes cortos era mantener las líneas activas para no perder la comisión, pero el acusado aseguró que era una forma de "testear" el funcionamiento de las tarjetas, "antes de ponerlas en máquinas que valen medio millón de euros". De hecho, afirmó que el mantenimiento de las líneas le costó 300.000 euros en esos tres años. La fiscala, sin embargo, se preguntó qué necesidad había de acumular pedidos de 300 tarjetas mensuales si no se vendían.