Un lío burocrático elimina 20 empleos de guardias civiles

E. BAYONA 12/01/2012

La falta de renovación de un convenio entre el Ministerio del Interior y el Gobierno de Aragón va a conllevar la eliminación de veinte plazas de vigilancia que ocupan suboficiales y agentes de la Guardia Civil en situación de reserva activa en los juzgados aragoneses. La pérdida de esos puestos de trabajo ya ha comenzado a tener consecuencias económicas para la DGA: la Consejería de Presidencia y Justicia ha tenido que cubrir con vigilantes de una empresa de seguridad privada --más caros que los guardias-- la primera de las plazas anuladas, a las que en los próximos meses les seguirá el resto.

El convenio fue suscrito en el 2010 y en el 2011. El primero incluía 108 plazas para guardias civiles en la reserva que en el segundo quedaron reducidas a una veintena. El del año pasado, que tenía una asignación de 200.000 euros a cargo de la DGA, no fue aplicado de derecho --liquidado-- pero sí de hecho --agentes y suboficiales ocuparon sus puestos--.

Sin embargo, su renovación resultó imposible al no responder el equipo que dirigía en Interior Antonio Camacho (PSOE) a los requerimientos de los nuevos responsables de Justicia de la DGA (PP) para negociar la posibilidad de prorrogarlo.

DESTINOS En la práctica, la Guardia Civil ha comenzado a suprimir la presencia de los agentes según va caducando su destino --duran cuatro años-- o cuando alcanzan la edad de jubilación. De hecho, salvo que los gobiernos central y autonómico alcancen un inesperado acuerdo, los agentes del instituto armado dejaran de prestar servicio en los juzgados aragoneses la próxima primavera.

Hasta hace unas semanas, los guardias civiles ocupaban ocho plazas de vigilancia en los tribunales aragoneses: seis en Zaragoza --en los juzgados de Violencia de Género, de Vigilancia Penitenciaria y en los Contenciosos-- y dos en Teruel.

Fuentes del cuerpo atribuyeron la baja demanda al reciente retraso de la edad de jubilación en el instituto armado --de los 58 a los 62 años--, a la escasez de efectivos en Aragón --sus tres provincias son de las pocas en las que Interior va a cubrir vacantes-- y a la competencia del Banco de España como destino para esos agentes.

La continuidad de los guardias civiles en los juzgados fue forzada por los jueces, especialmente los de Zaragoza, al considerar necesaria su presencia en determinados órganos judiciales. Ocurrió cuando, a finales del 2009, el Gobierno de Aragón aumentó de 908.232 euros a 1.395.003 la partida destinada a pagar la seguridad privada en las sedes judiciales.