El Gobierno de Aragón elaborará un nuevo Plan de Vivienda Social 2012-2015 destinado a favorecer a los sectores más vulnerables y necesitados de la sociedad y a los más afectados por la actual crisis económica, incluidas las personas desahuciadas. El consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transporte, Rafael Fernández de Alarcón, aseguró ayer que en total se destinarán unos 40 millones con el objetivo de que toda persona tenga una vivienda digna, de los que 4,6 se invertirán en el 2012. "La base del plan es un nuevo concepto de vivienda gestionada socialmente", explicó en una comparecencia, a petición propia en las Cortes, diferenciándola de la vivienda protegida.

Seis serán los programas que centrarán este plan, del que ayer se explicaron las líneas generales y que pretende llegar a las 5.500 actuaciones, siendo el alquiler (con una inversión de unos dos millones para el próximo ejercicio) y la rehabilitación (con algo más de un millón) sus premisas esenciales. Los otros programas son: la gestión social de la vivienda de propiedad pública; la erradicación de los asentamientos insalubres; la eliminación de barreras arquitectónicas para la discapacidad y la dependencia, y el fenómeno de los desahucios.

Tal y como avanzó ayer el consejero, el próximo 11 de enero ha convocado a todas las entidades y colectivos sociales de la Red Aragonesa de Entidades Sociales para entregarles un primer borrador del plan a partir del cual trabajar para comenzar a gestionarlo, de manera coordinada. Posteriormente se reunirá con las distintas administraciones y entidades locales y provinciales. Y también lo hará con las entidades financieras y crediticias.

"La vivienda no se verá como un problema económico, sino social", recalcó el consejero, quien acudió a la comisión junto al director general de Vivienda y Rehabilitación, Rogelio Silva. Todos los grupos políticos aceptaron las líneas y los programas propuestos, a falta de concreciones, aunque desde el PSOE se recordó que el actual plan de vivienda ya cuenta con herramientas específicas para garantizar esta vivienda social.

OTRA BAREMACIÓN El plan, "abierto, flexible y transversal", y que se incluirá en la futura Ley de Vivienda, contará con convocatorias específicas de ayudas con una baremación no solo económica, sino también social de los solicitantes. De ahí, las actuaciones conveniadas previstas con entidades sociales, Administraciones y entidades bancarias, pero también habrá actuaciones directas a través de la Dirección General de Vivienda.