El PP y el PAR volvieron a sacar el viejo discurso de que no hay que reabrir heridas para enterrar definitivamente el programa de la Amarga Memoria que defiende la dignificación de las víctimas asesinadas por el franquismo. Eso sí, cumplirá con la ley de Memoria Histórica aprobada por el Gobierno socialista. El cómo --eliminado el programa que permitía aplicar y desarrollar la ley-- es otra cuestión.

Así de claro lo dejó ayer el director general de Patrimonio del Gobierno de Aragón, el aragonesista Javier Callizo, que compareció a petición del grupo socialista en las Cortes. Su comparecencia estuvo llena de polémica ante la intervención, muy protestada por los partidos de la izquierda, de la diputada del PP, María José Ferrando. La popular no ahorró adjetivos para calificar la posición de estos partidos en sus esfuerzos por defender la memoria de miles de aragoneses asesinados durante la guerra civil.

Ferrando lamentó que PSOE, CHA e IU, siguieran "hurgando en la llaga" del pasado "más vergonzoso". "Escuchando estos discursos en esta agradable mañana --que por un lapsus fechó en el 2010-- los he percibido como un estremecedor eco de los debates de los años 30 del siglo pasado, pareciéndome incluso más propio de sociedades primitivas y desvertebradas este morboso culto a la muerte que alguno de ustedes ha profesado". Para la popular, entre las protestas de diputados como el socialista Jesús Miguel Franco y Patricia Luquin (IU), incidir en la Memoria histórica "provoca serias divisiones" y reedita "añejos enfrentamientos".

La diputada continuó acusando: "El grupo socialista pretende perpetuar sine die un programa que solo ha servido de oprobio al objetivo que fue diseñado". Basaba estas afirmaciones en que de los 2,3 millones destinados a la Amarga Memoria, solo 36.000 euros se han destinado a desenterrar cadáveres de fosas, mientras que el resto ha sido para libros "de cuestionable difusión". "La voluntad del departamento no es más que el estricto cumplimiento con la ley. Voluntad que no tuvo el PSOE al reabrir un debate realmente amargo, por no hablar del humor ácido que impregna este asunto al tratar de confundir a los aragoneses mezclando la Memoria Histórica, la de la ley, con la sectaria interpretación de las obligaciones que conlleva".