Lo que debía ser un trámite administrativo para una expropiación de terrenos degeneró ayer en Artieda en una trifulca entre Guardia Civil y manifestantes que dejó una veintena de heridos en ambos bandos, y un reguero de reacciones políticas contra la actuación policial. El trámite se saldó finalmente con la firma por parte del alcalde de la localidad, Javier Jiménez (CHA), de un acta de no comparecencia (de los propietarios) que permite que continúe el proceso. Y este final, para muchos previsible, hace que se preguntaran qué sentido tenía emplear la violencia. Sobre quién la desató, eso sí, las versiones de agentes y vecinos son contrarias.

Los incidentes de ayer se remontan al pasado 19 de septiembre, cuando los funcionarios de la CHE acudieron en primera instancia para las firmas de las actas previas de expropiación. Estas afectan a 62 hectáreas para las obras del recrecimiento de Yesa. Ni los propietarios ni el alcalde (también afectado) acudieron, por lo que se realizó esta segunda convocatoria, en la que los técnicos, de repetirse la incoparecencia, deben realizar un peritaje de los terrenos.

Ante la previsible concentración de vecinos, la CHE dio aviso a la Delegación del Gobierno --que rehusó hacer declaraciones--, y esta ordenó el traslado de los GRS (antidisturbios) de la Guardia Civil, con base en Casetas. Agentes y funcionarios de la CHE toparon con unos 200 manifestantes, entre vecinos de Artieda y miembros de colectivos afectados por otros embalses. De forma "firme pero pacífica", según Luis Solana, presidente de la asociación Río Aragón, formaron una barricada humana.

CARGA En este punto las versiones son contrapuestas. Según Solana y los vecinos, mientras estaban leyendo un manifiesto, la Guardia Civil cargó contra ellos y comenzó la trifulca, en la que resultaron heridos dos vecinos --atendidos en el centro de Salud de Berdún-- y otros tantos agentes, y contusionados una decena más de cada lado. Según fuentes del instituto armado, los GRS se limitaron a intentar abrir paso a los funcionarios y fueron los vecinos quienes se abalanzaron.

Los antidisturbios se retiraron y los técnicos llamaron al alcalde, que según confirmó, firmó el acta de no comparecencia que permitirá a la CHE depositar la cantidad que marca la ley por los terrenos. Muchos, entre ellos Solana, consideraron que este final era inevitable (y común en estos casos) y la actuación policial, por tanto, "innecesaria", además de "totalmente desproporcionada".

El propio presidente de la CHE, Xavier de Pedro, lamentó los hechos, que provocaron un aluvión de críticas. También desde el colectivo agrario UAGA, partidario del recrecimiento. Organismos como Coagret y partidos políticos como IU y CHA también cargaron contra la actuación, y desde esta última formación llegaron a pedir la dimisión del delegado del Gobierno, Gustavo Alcalde, y de De Pedro, como "instigador y auspiciador", respectivamente, de la carga.