Los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón mantuvieron ayer un ejemplar debate que permitió, con el voto favorable de todos ellos, la tramitación de la ley de Igualdad y Protección contra la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género. De este modo, Aragón se convertirá en una de las comunidades más avanzadas en legislación social, siguiendo la estela de Andalucía, y en la protección de derechos sociales. Es muy poco habitual escuchar argumentos coincidentes entre los siete grupos con representación parlamentaria. Y menos en debates para legislar sobre estas cuestiones.

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, fue la encargada de defender el proyecto de ley que a partir de ahora se debatirá en las Cortes, y que ha contado con la participación de más de 360 personas y colectivos que han aportado, desde diversas ópticas, sus propuestas. Broto destacó este hecho como «un logro colectivo y de toda la ciudadanía aragonesa». La argumentación de la ley es sencilla: nadie puede ser discriminado en Aragón por su condición sexual. Asimismo, esta se amplía a cualquier identidad de género. Es decir, además de heterosexuales. gays y lesbianas, incluye a personas trans (cuando la identidad de género no coincide con la identidad sexual biológica) e intersexuales (personas con rasgos sexuales tanto masculinos como femeninos).

A la espera de que la tramitación recoja todas las sensibilidades, ayer todos los argumentos fueron coincidentes. La diputada popular Carmen Susín --que se sintió molesta por considerar que hay grupos de la izquierda que quieren apropiarse de algo que no entiende de «ideología política»-- defendió durante su intervención que aunque la sociedad española es «abierta, tolerante y respetuosa», todavía, «lamentablemente», hay «actitudes discriminatorias». La «persistencia de la desigualdad», agregó, obliga a seguir hablado de este asunto desde el punto legislativo, pero su deseo es que «pronto» sea «prescindible» una norma así.

Para la socialista Pilimar Zamora, es necesario «renovar» el compromiso del país con la lucha contra la discriminación que, a su juicio, inició el Gobierno de Zapatero con la ley del matrimonio homosexual. El texto no cambiará las cosas «de un día para otro», es sin embargo «un peldaño más» para que sea efectivo «el derecho a ser diferente sin diferencia de derechos». Amparo Bella, por Podemos, estimó que esta ley es una cuestión de justicia y de derechos humanos, porque reconoce el derecho a «amar en libertad», pero hizo hincapié en que llega «con presupuesto cero» y que durante el trámite parlamentario su formación intentará enmendarla para dotarla de contenido presupuestario. Por su parte, la diputada del PAR Lucía Guillén pidió que durante el trámite se pergeñe una ley «valiente». Desirée Pescador (Ciudadanos) lamentó que a pesar de haber evolucionado «mucho», la sociedad no ha solventadoo la discriminación LGTBI, y advirtió que este tipo de leyes deben ser «de todos», sin «sesgos políticos».

Desde el Grupo Mixto, Carmen Martínez (CHA) resaltó que el Estatuto contempla a la igualdad como el eje vertebrador de todas las políticas públicas aragonesas y reclamó desarrollar planes de educativos y de sensibilización para conseguir los objetivos de la norma.