La mañana del pasado lunes, los pasillos de las Cortes estaban semivacíos. Los escasos diputados que por allí rondaban reconocían que esta semana no había demasiado trabajo. El escaso trasiego así lo parecía confirmar.
No ocurría lo mismo en el despacho de uno de los grupos parlamentarios. Allí, tres portavoces estuvieron reunidos un buen rato. Era un encuentro informal, pero las conclusiones que allí sacaran podrían ser de trascendencia.
Los portavoces reunidos eran Jesús Miguel Franco, del PSOE, Antonio Suárez, del PP, y Javier Allué, del PAR. Faltaba Chesús Bernal, portavoz de CHA y que en ese momento intervenía en una comisión, y Adolfo Barrena, de IU, cuyas obligaciones le habían llevado fuera de Zaragoza. En cualquier caso, ambos eran conocedores de ese contacto.
Los cinco portavoces sabían que la semana tenía que empezar con un gesto contundente contra la moción aprobada sólo tres días antes en el Parlamento de Cataluña. En esa iniciativa parlamentaria, todos los partidos catalanes conseguían poner nuevos impedimentos a la devolución de los bienes eclesiásticos. Las instituciones catalanas habían roto el acuerdo que obviaba el traslado a la vía civil una cuestión que se consideraba exclusiva de la Iglesia.
Llega el acuerdo
El primer contacto acabó con una junta de portavoces urgente. A ella se incorporaron Bernal y el coordinador provincial de IU, José Manuel Alonso. Tenían que conseguir una reunión inmediata con el presidente de Aragón, Marcelino Iglesias para pedirle contundencia. "En esto, todos vamos de la mano", dijo un portavoz. Y eso tenían claro. Fuese cual fuese el mensaje, debía ser único, contundente y al margen de los intereses partidistas. Tal vez por ello, en declaraciones por separado, los cinco reunidos hicieron declaraciones calcadas, con adjetivos repetidos. "Injerencia" fue usado por todos.
Pulidos los matices y las diferencias, consiguen ajustar agendas y llega la reunión con Iglesias. Tras hora y media en el Pignatelli a punto de ser las tres de la tarde, salieron con un pacto unánime y decidido. Todos aparcaron sus diferencias para mostrar la codiciada imagen de la unidad. CHA e IU lograron que la idea inicial de salir de la Eurorregión se convirtiera sólo en una suspensión temporal, y el PP planteó una manifestación que no encontró el apoyo del resto de grupos. Los populares, ante la responsabilidad del pacto, se guardaron en el bolsillo la propuesta. Todos hicieron concesiones y todos aportaron ideas.
Los acuerdos, que se han ido cumpliendo esta semana, llegaban con la unanimidad, ese objeto del deseo que, una semana después de que la toma en consideración del Estatuto no lo hubiera conseguido, se alcanzaba ahora por los bienes de las parroquias orientales.
Pero poco duró sus efectos. Horas después, el vicepresidente del Gobierno y presidente del PAR, José Ángel Biel, retomaba la idea de la manifestación y la hacía pública ante la prensa. Sus palabras agitaban la caldera al alinearse con la tesis callada del PP y separarse de lo apalabrado por el propio presidente del Ejecutivo con el resto de partidos. Una vez más, Biel abría la brecha preelectoral, a la que el resto de partidos se unieron gustosos. Ellos no iban a ser menos que el líder de los aragonesistas El pacto estaba roto. Y una vez más, los nervios por captar al electorado indeciso, sobrevolaban en los partidos.
La reacción del vicepresidente era esperada y temida por los protagonistas de la reunión del pacto. Algunos ya imaginaban que esas declaraciones se iban a efectuar. El malestar es evidente incluso en el seno del Gobierno ante el nuevo guiño del turolense.
Junto a la sugerencia de manifestarse, el PAR decidió a última hora y a instancias de su máxima autoridad, anunciar dos mociones que iban más allá de la salida temporal de la Eurorregión y la propuesta de una manifestación. El PAR propuso revisar todas las relaciones con Cataluña. Esa idea está ahora en el aire tras sopesar las malas consecuencias que pueden traer. Ni el Gobierno ve bien esa propuesta ni los aragonesistas las tienen consigo.
Pero la lanza estaba echada. El PP ya no perdió ni un minuto en recordar que ellos son los padres de la idea. IU propuso romper relaciones con el Vaticano. CHA, que apoya una manifestación más adelante, se sumó al estudio de llevar esa protesta a otras instancias y aprovechó para criticar a Biel. La contraréplica llegó de inmediato.
En definitiva, la unanimidad duró 18 horas y, tras romperse por unas inoportunas o muy medidas declaraciones, se volvió a demostrar que los partidos están enfrascados ya en plena batalla electoral. El vicepresidente del Gobierno ha recordado en reiteradas ocasiones que las precampañas empiezan al día siguiente de unas elecciones. Y a fe que es cierto, al ver los movimientos de los últimos meses.
Guerra cruzada
Biel, que de negar su aspiración a presentarse como candidato a alcalde de Zaragoza ha pasado a barajar seriamente esa opción, mantiene con CHA un pulso firme y tendido desde hace años. Y cada vez más guiños con el PP, por si la aritmética sale y pueden coaligarse en el Ayuntamiento de Zaragoza. No perdona a Belloch que se aliara con CHA.
Bajo esa polémica continua --mañana, sin ir más lejos, CHA preguntará en las Cortes por un viaje realizado por el vicepresidente y el consejero de Industria, Arturo Aliaga, a Nueva York hace unos meses-- se está preparando la estrategia. Los dos partidos aragoneses son conscientes de que un conflicto entre territorios puede hacerles ganar votos y consolidar sus resultados. Y los bienes de la Franja son una buena arma arrojadiza.
Parece que en las próximas elecciones autonómicas (queda un año pero toda la maquinaria está ya en marcha) tendrán mucho peso las cuestiones de índole nacional, en lo que puede ser un plebiscito a la política autonómica establecida por Rodríguez Zapatero. Por eso, la mayoría de las encuestas vaticinan un ascenso de los grandes partidos nacionales en detrimento de las fuerzas aragonesistas.
Nadie quiere alimentar el anticatalanismo, a pesar de que eso puede ser un buen vivero electoral en determinados sectores conservadores. Pero nadie esconde que la ruptura de la unanimidad y alimentar los prejuicios contra unos vecinos "que están siendo desleales" puede resultar rentable.
