Las Cortes de Aragón acordaron por unanimidad suprimir los aforamientos de los diputados autonómicos y de los miembros del Gobierno de Aragón tras aceptarse una iniciativa del grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs) en la que la formación solicitaba al Ejecutivo de Javier Lambán reformar, en un plazo de tres meses, los artículos 38 y 55 del Estatuto de Autonomía en los que se reconocía esta figura. El diputado autonómico Ramiro Domínguez se mostró «satisfecho» por sacar adelante esta propuesta: «Podemos estar orgullosos de estar en política para impulsar reformas legislativas que corrijan situaciones totalmente anacrónicas como es el caso de los aforamientos, que derivaron en privilegios para los políticos y que la sociedad de forma mayoritaria, ni acepta, ni comparte, ni entiende».

Todos los grupos mostraron su apoyo a la iniciativa, aunque tanto el PSOE como el PP señalaron que estar aforado no significa «un privilegio», y pidieron un debate al respecto, serio y «en profundidad».

Desde el PP, Marian Orós apoyó la iniciativa de la formación naranja y abogó por «repensar» el aforamiento, precisando que «no es un privilegio», sino «una garantía constitucional», y criticando la visión «torticera» según la cual el cargo público es impune.