El Pleno de las Cortes ha dado hoy por unanimidad su visto bueno al proyecto de ley de ordenación de entidades privadas de servicios sociales, con lo que la norma inicia su tramitación parlamentaria hasta su aprobación definitiva.
En defensa del texto legislativo, la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, ha insistido una vez más en que uno de los objetivos del Ejecutivo es consolidar el sistema de servicios sociales que cumpla con su principal cometido, que es la atención a las personas.
Así, ha explicado que la Ley de Servicios Sociales de Aragón, promulgada en 2009, marcaba que debía ser desarrollada por un importante número de normas complementarias, cuya aprobación quedó paralizada la legislatura pasada.
Una de ellas es la que hoy llega a la Cámara, que permite que tanto la iniciativa privada social como mercantil pueda colaborar con el sistema público en el desarrollo de medidas y programas.
Para ello desarrolla la autorización y la acreditación con el objetivo de que todos los servicios mantengan estándares de calidad.
En el turno de los grupos parlamentarios, la popular Ana Marín no ha negado la oportunidad de la ley, pero ha cargado contra la demora de dos años desde que comenzara la tramitación, que "no es razonable" al tratarse de un texto "sencillo" y que denota "inseguridad, mala gestión y desorganización" en el departamento.
Desde el Grupo Socialista, Pilimar Zamora ha destacado que en un corto periodo de tiempo se han llevado a cabo diversas medidas ante la "inacción" en servicios sociales.
Amparo Bella (Podemos) ha votado favorablemente "por responsabilidad", también ha critica la tardanza y ha dicho que buena parte de los desarrollos posteriores de la Ley de Servicios Sociales no respetan la propia norma.
La diputada del PAR Lucía Guillén se ha mostrado favorable de que se garantice la calidad en la prestación de los servicios, sean de titularidad privada o no.
Por Ciudadanos, Desirée Pescador ha compartido el fondo pero no la forma, entre lo que ha criticado la "falta de responsabilidad" del PSOE y del PP por tardar nueve años en traer esta norma, así como que falta concreción y que recoge muchas exigencias pero pocas medidas de apoyo a las entidades.
En representación del Grupo Mixto, Carmen Martínez (CHA) ha considerado que aprobar esta ley es una "obligación" del Gobierno de Aragón y que es de carácter técnico.
