La Universidad de Zaragoza mostró ayer su malestar por haberse enterado "a través de los medios de comunicación" de la resolución del Gobierno de Aragón por la que se autoriza la implantación de los grados de Magisterio en Educación Infaltil y Primaria en la Universidad San Jorge. Se produciría una duplicación con respecto a la titulación que el campus público lleva impartiendo desde 1972 y que está consolidada en Aragón. Por ello, en el escrito que suscriben el rector, Manuel López, y los decanos de las tres facultades en las que se imparte, consideran que duplicarla "no aporta ningún valor adicional" a la oferta pública, "que ya es completa" tanto en plazas como en especialidades.

Todo lo contrario. A su juicio, lo que hace es ponerlos en riesgo y exponerse a perder estudiantes, cuando en los últimos años se ha sufrido un descenso "considerable" de alumnos (Teruel ni ha cubierto su oferta) que achacan al descenso en la oferta pública de empleo de la DGA.

Desde la DGA, por contra, explicaron que ya en junio del 2014 se emitió un informe en el que se advertía de que la prohibición de que haya duplicidades de titulaciones establecida por el Gobierno de Aragón contravenía la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado. Además, a su juicio, este grado "complementa" la oferta del campus y "permitirá atender el exceso de demanda que existe en Aragón".

"La Universidad San Jorge solicitó autorización para impartir Educación en septiembre del 2013 y se le denegó porque, a pesar de la oferta de plazas pública no cubría la demanda, el acuerdo de programación universitaria prohibía las duplicidades. Obligados a eliminar esta prohibición, cuando la ha vuelto a solicitar la autorización se le ha concedido porque cumple los requisitos para ello", concluyó el Departamento que dirige Dolores Serrat.

Enésimo rifirrafe intitucional entre la DGA y el campus público que, además, tuvo más repercusión. En el Ayuntamiento de Huesca y su alcaldesa, la conservadora Ana Alós, que por segunda vez --la anterior fue por el cuartel de Sancho Ramírez-- volvió a mostrarse en contra de una medida impulsada por su partido desde otras instancias. Preguntada en el pleno por parte de IU, respondió que "no estamos de acuerdo con esa aprobación, por lo que puede suponer para la ciudad, y mostramos nuestro absoluto apoyo al campus".