La Universidad de Zaragoza llevará a los tribunales al Gobierno de Aragón para reclamar los 53 millones de euros que considera que se le adeuda como consecuencia del incumplimiento del acuerdo de financiación firmado en el 2011. El rector, Manuel López, anunció ayer que la institución llevará a cabo un requerimiento legal de esa cantidad y, si el Ejecutivo no paga, presentará un contencioso administrativo.
En ese caso, sería la primera vez en la historia que el campus público aragonés lleva ante la Justicia al Gobierno autonómico. "No es un tanteo. Hay una base jurídica seria", advirtió ayer López, que anunció la medida rodeado de gran parte de sus vicerrectores y decanos. "Es desagradable, pero no tenemos opción. Es mi responsabilidad", añadió el rector.
La universidad ha tomado esta decisión después de un largo periodo de incumplimientos por parte de la DGA del acuerdo de financiación rubricado en marzo del 2011 entre el rectorado y el anterior Ejecutivo. El cambio de gobierno, sin embargo, provocó que el actual se negara a cumplir ese acuerdo al considerarlo "inasumible", a pesar de que el PP y el resto de grupos parlamentarios se habían comprometido a mantenerlo y emplazó a la universidad a pactar un nuevo modelo financiero. En julio, ese nuevo sistema estaba ultimado, pero nunca se firmó. "No hemos vuelto a tener noticias aunque mantuvimos abiertos los cauces de la negociación hasta este mes, cuando hemos comprobado, con la presentación de los presupuestos para el 2015 y la congelación de la financiación básica destinada a la universidad, que se cancela cualquier negociación y que no hay voluntad de cumplir con lo acordado. Por eso, sin un acuerdo de financiación aprobado, no nos queda más remedio que acudir a la vía judicial", relató el rector.
SITUACIÓN LÍMITE
La universidad afirma estar ante una situación "límite" aunque confía en que el departamento acepte el pago de la cantidad reclamada por la universidad y no se tenga que acudir al contencioso. "Estamos hablando de un acuerdo que no se está respetando aunque continúa vigente y el compromiso a respetarlo se recogió en la elaboración de los presupuestos del 2012, por lo que se trata de un incumplimiento de la ley", advirtió el rector.
López, que reconoció no haberse puesto en contacto con la DGA para transmitirle la medida adoptada, cifró la deuda actual de la universidad en 31 millones de euros y aseveró que los nuevos presupuestos la harán subir hasta hacer "insostenible" la viabilidad de la misma.
Asimismo, emplazó cualquier nueva decisión sobre el futuro de la universidad a ver la situación que queda una vez sean aprobados los presupuestos de 2015 en las Cortes de Aragón y, mientras tanto, seguirán recurriendo a créditos a corto plazo para solucionar los problemas de solvencia, lo que alertó de que conlleva un incremento de la deuda.
