Las universidades que forman el Grupo 9 (G-9), compuesto por aquellas que son las únicas públicas en su territorio, no son partidarias de realizar pruebas de acceso a sus estudios y prevén admitir alumnos solo en función de sus notas de Bachillerato.

Así lo ha explicado hoy el rector de la Universidad de La Rioja (UR), José Arnáez, en una conferencia de prensa, en la que ha detallado los principales puntos de trabajo de la reunión que mantienen los máximos responsables del G-9 en Logroño.

Arnáez preside desde hoy el G-9 en sustitución del rector de la Universidad de Baleares, Llorenç Huget; y al encuentro asisten también los rectores de las Universidades de Cantabria, Extremadura, Oviedo y Pública de Navarra; mientras que los de Zaragoza, Castilla-La Mancha y País Vasco no han podido acudir.

El G-9 trabaja en una "postura común" para que la nota de la prueba final del Bachillerato, la llamada reválida, sea la referencia para el acceso a la universidad, como lo es ahora la prueba de acceso a la universidad (PAU), conocida como selectividad.

Arnéz ha detallado que, según la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), desde el curso 2017-2018, las universidades pueden establecer una prueba de acceso o no y, en su opinión, crear ese examen supone "un problema para las familias", ya que si un joven se preinscribe en cuatro universidades distintas, podría tener que afrontar otras tantas pruebas diferentes.

Por eso, el G-9 cree que la nota de Bachillerato "ya es una referencia" para las universidades y propicia un sistema de acceso "más universal", ha dicho.

Ha aclarado que estas universidades trabajan en un sistema de acceso en el que, sobre 14 puntos posibles, la nota de Bachillerato puntúe hasta diez y las asignaturas específicas relacionadas con los estudios en los que se quiera matricular el alumno cuenten hasta cuatro puntos.

Los rectores también han analizado el Real Decreto que establece la nueva ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y que permite a los centros académicos ofertar, de forma voluntaria, grados de entre 3 y 4 años y másteres de entre 1 y 2 años, conocido como el "Decreto 3+2".

El G-9 se ha alineado con la postura manifestada por la Conferencia de Rectores, que ha pedido una moratoria de ese decreto para analizar el impacto del nuevo modelo y comprobar si todos los estudios pueden pasar a tener, por su carga lectiva, tres años de grado y dos de máster.