UPD ya ha recurrido el archivo del caso Caladero en el que se investigaba la desviación de más de tres millones de euros registrada en las instalaciones de esta empresa en Plaza.
La abogada que ejerce la acusación popular, Irene Romea Anadón, critica la instrucción de este asunto en el que estaban imputados por prevaricación administrativa el exviceconsejero de Obras Públicas, Carlos Escó, el exconsejero delegado de la Corporación Empresarial Pública de Aragón, Santiago Coello, la responsable de empresas participadas de la Corporación, Pilar Valdivia, y el exdirector financiero de Plaza, Pedro Colás.
Asegura que "no parece razonable" que con la "simple" declaración de los imputados se cierre la investigación, sin realizar mayores diligencias de prueba. "Si fuera un robo con fuerza, la instrucción no se cerraría con la mera declaración del supuesto ladrón", lamenta.
La letrada recuerda que, a diferencia de la Fiscalía, ella solicitó pruebas que la jueza no ha efectuado.
Desde UPD consideran que es una irregularidad "gravísima" que no se haya esclarecido el por qué se firmaron dos contratos, a los 13 meses de vencido el original, sin denuncia ni reclamación alguna de las penalizaciones establecidas, que el objeto de la obra fuera diferente y que se hiciera sin concurso público y sin presupuesto.
