El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Zaragoza acaba de condenar a la unión temporal de empresas (UTE) que construyó la línea del tranvía de Zaragoza, formada por FCC y Acciona, a costear los 1,8 millones de euros en los que se cuantifica la reparación del hundimiento registrado hace años en la plataforma de vías que conecta la línea con las cocheras. Lo hace por segunda vez, ya que ha desestimado los recursos presentados tanto por las contratistas como por la sociedad mixta Los Tranvías de Zaragoza contra el fallo en primera instancia. En ambas resoluciones se ratifica la decisión adoptada por el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) de marzo del 2017 que les exigía sufragar el arreglo de esta importante incidencia. Unos trabajos que, según aseguraron ayer fuentes oficiales de la sociedad que gestiona la línea, «está previsto que comiencen en junio».

El magistrado, José Javier Oliván, desestima por un lado la petición de la UTE, que en su escrito de septiembre del 2017 reclamaba la anulación de esta decisión del Gobierno al considerar que se extralimitaba en sus pronunciamientos al hacerle responsable de este hundimiento en la plataforma y vía de acceso a las cocheras. Y que, en todo caso, debía responsabilizarse de forma solidaria a la dirección facultativa de la obra (Tranzaragoza), al proyectista (INECO) y al propio consistorio como promotor de los trabajos, para el que también pedía la imposición de costas.

De nada le ha servido, pese a que también se agarraba a que la sociedad mixta elaboró un estudio geológico en marzo del 2015 en el que se hacía constar «la existencia de un fallo en el subsuelo donde se asienta la plataforma del tranvía».

Así, con la realización del arreglo, al considerarse como un defecto de la construcción y que está en garantía, se da por finalizada una discusión que lleva más de 4 años abierta. Ya en el 2014 se le exigió la reparación.