La reunión de seguridad celebrada ayer en Andorra entre el subdelegado del Gobierno en Teruel, José María Valero, mandos de la Guardia Civil y representantes de los ayuntamientos y comarcas, se convirtió prácticamente en un monográfico sobre el asesinato del ganadero José Luis Iranzo y los guardias civiles Víctor Romero y Víctor Caballero de hace poco más de un mes.
En ella, Valero se retractó de sus primeras declaraciones, en las que afirmaba que sabían de la peligrosidad del asesino desde el tiroteo del día 5 de diciembre en Albalate, e incluso que se había dado aviso a la población de la zona para que no saliera a cazar ni a coger olivas. Ayer, por contra, el subdelegado afirmó que «no se sabía de la peligrosidad» de Igor el Ruso, y que no hubo aviso, «ni oficial ni extraoficial».
No hubo explicación de sus primeras declaraciones, pero según explicaba la alcaldesa de Andorra, Sofía Ciércoles, se dio por satisfecha con que dejaran claro que los municipios no habían tenido ninguna alerta previa que les llevase a tomar medidas.
Los ayuntamientos reiteraron su petición de aumentar los efectivos del cuerpo en la provincia, a lo que el subdelegado respondió que habrá un aumento de efectivos en toda España, sin concretar demasiado cuántos corresponderán a la zona.
El consistorio andorrano llevará a pleno una moción para personarse como acción popular en la causa por el asesinato, en principio secundado por Albalate del Arzobispo y es posible que también por Calanda, de donde era Víctor Romero.
