Las familias de los republicanos fusilados en Calatayud, Manuel y Ramiro Lapeña, y de los nacionales Pedro Gil y Juan González solicitarán a las Naciones Unidas que inspeccione el proceso de recuperación de los restos de sus allegados en el Valle de los Caídos. Su abogado, Eduardo Ranz, prepara una petición para la sede en Ginebra de la ONU en la que solicitará la presencia de relatores in situ que certifiquen la diligencia y neutralidad de la Administración para facilitar las exhumaciones, a las que dio vía libre el 9 de mayo de 2016 el Juzgado de Primera Instancia 2 de San Lorenzo de El Escorial (Madrid).
Ese fallo lleva camino de convertirse en una sentencia récord por la demora en su cumplimiento. Hace dos años, Patrimonio Nacional (PN), dependiente de Presidencia del Gobierno que regenta el monumento, consideró que el fallo no le vinculaba directamente. En noviembre del 2017 cambió de opinión, pero la abadía del Valle de los Caídos recurrió el fallo, hasta que, por orden del obispado, retiró el recurso este marzo.
Sin perito propio
Las últimas negativas de Patrimonio Nacional impulsan el recurso a la ONU. «Necesitamos testigos de lo que está ocurriendo con este proceso», explica Ranz. El 23 de abril, cuando los técnicos del Instituto Torroja de Ciencias de la Construcción analizaron el estado de la cripta, un ejecutivo del Patrimonio Nacional negó el acceso a las familias. También se les negó la posibilidad de contar con un peritaje independiente al impedir la entrada al forense Francisco Etxeberria, experto en fosas comunes que, contra el criterio de la Administración, cree que no todas las tumbas del Valle de los Caídos están en ruina por humedad.
Esta semana, los técnicos del Instituto Torroja redactan un informe que debe responder a dos preguntas: en qué estado se encuentra el piso tercero de la cripta del sepulcro y qué obras habría que llevar a cabo si no fuera posible el acceso.
Patrimonio Nacional advirtió el 23 de abril que no será tan fácil como quisieran las familias. Aún deberán volver al juzgado, según dijo en un comunicado: «Si se comprueba que los columbarios en los que pueden encontrarse los restos de los hermanos Lapeña se han convertido en un osario, en el que se encuentran confundidos con los restos cadavéricos de las demás personas inhumadas», se lo comunicarán a la familia «para que interponga una demanda en el correspondiente proceso declarativo ante la jurisdicción ordinaria para que se pronuncie sobre la exhumación solicitada si hay derechos de terceros afectados».
Para Ranz, «en este caso ya se han producido todas las resoluciones propias de un Estado de derecho. Pedir más pronunciamientos no es de recibo». El comunicado no advertía nada sobre los restos de muertos del bando nacional. «No permitir a Etxeberria entrar, impedir el acceso a las familias, y que Patrimonio Nacional mencione las dificultades para exhumar a las víctimas republicanas, sin mencionar las del bando nacional, hace entender falta de voluntad para llevar a cabo la exhumación», critica.
Desde la ONU, el jurista colombiano Pablo de Greiff, relator especial sobre la Promoción de la Verdad y la Reparación, ya llamó la atención del Gobierno en el 2014 y el 2017 por las escasas facilidades que da a las víctimas que buscan restos de sus familiares. Los familiares de los Lapeña ya pidieron amparo a la ONU el año pasado.
