Más de una veintena de colectivos, asociaciones y partidos políticos firmarán el próximo miércoles un pacto sin precedentes consistente en un compromiso social y político en favor de la gestión pública del agua en Zaragoza y su entorno. Después de año y medio trabajando para redactar este documento, el Ayuntamiento de Zaragoza acogerá la firma de este pacto, promovido por la Red Agua Pública de Aragón (RAPA). El documento lleva por título Compromiso social y político por la gestión pública y participativa del agua en la ciudad de Zaragoza y su entorno, y aboga por considerar el agua un recurso público que por tanto no puede ser objeto de lucro.
No existe un documento igual en España y surge a partir de experiencias previas en otros países, especialmente en los de la región latinoamericana. El compromiso no solo alerta de la necesidad de la gestión pública, sino que esta debe ser además participativa. "No todo se puede comprar y vender, la democracia no puede ser mercado y no se puede gestionar como si los ciudadanos fueran clientes", afirma el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza Pedro Arrojo, uno de los mayores expertos en gestión hídrica de Europa y promotor de RAPA.
Todo empezó en el verano del 2012, cuando el Ayuntamiento de Zaragoza, siguiendo la estela de muchas otras localidades (el caso paradigmático es Barcelona) intentó privatizar el agua mediante la fórmula de colaboración público-privada. Finalmente se paralizó y ese fue el embrión del trabajo de numerosos colectivos para ahondar en la necesidad de que el agua sea un derecho humano que no esté sujeto a la mercantilización.
LA RÚBRICA
Alrededor de 200 personas asistirán a esta firma, que ha contado con el apoyo de PSOE, CHA e IU. Se contactó con el PP y el PAR, que han sido conocedores del proyecto pero han declinado integrarse. También participan numerosos sindicatos, asociaciones ecologistas y de consumidores. Se intentó contar con el mayor número posible de colectivos de diferentes ámbitos.
El agua como bien público debe ser de acceso "universal", indica Arrojo, ajeno "a la lógica del mercado y a las doctrinas neoliberales imperantes". El manifiesto considera que los ayuntamientos deben tener competencias sobre la gestión hídrica y el saneamiento, gestionarse de forma integrada y bien coordinada, así como "transparente y participativa".
El pacto compromete a las instituciones a buscar esa eficiencia en la gestión y a no privatizar un recurso que, actualmente está amenazado. Se considera que el 50% de los ciudadanos consume agua gestionada de forma privada en España. Este pacto nace con vocación de continuidad, y los promotores ya se plantean elaborar uno similar acerca del saneamiento en Aragón.
