La gestión de los servicios públicos se presenta como una alternativa política e ideológica basada en la eficiencia, la calidad y la rentabilidad social, independientemente de que se haga a través de una empresa privada o pública. Esta fue la conclusión de la mesa redonda que inició ayer la jornada del congreso que se ha celebrado en Zaragoza y que cerraron los grupos municipales que admitiendo la necesidad de iniciar el debate sobre la internalización de forma más sosegada. Otra de las claves del debate se centró en la necesidad de repensar los pliegos de condiciones, herramienta esencial para exigir a una contrata el cumplimiento de sus funciones para lo que es necesario que haya un control constante de su ejecución.

El catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Zaragoza y presidente del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, José María Gimeno, insistió en la idea de que cualquier administración pública debe ser «garante» de la prestación de un servicio, sea de la forma que sea y que para ello pueden hacer uso de la «complementariedad» de los modelos posibles de gestión. Las entidades locales deben encontrar el «equilibrio del interés entre lo público y lo privado» y eso, dijo, solo se consigue con la redacción de unos buenos pliegos de condiciones y con el control de su ejecución.

En la misma línea se mantuvo el presidente de la patronal de empresarios, Ricardo Mur, que calificó de «subasta» los procesos de licitación. «La única condición esencial para ganar un contrato es el precio y eso devalúa los salarios», declaró. Más defensor del sector privado que del público, advirtió que existe «una dificultad jurídica» para que los trabajadores de una contrata puedan pasar a formar parte de la plantilla municipal.

Algo que el portavoz de la Plataforma de Trabajadores de las Contratas del Ayuntamiento de Zaragoza, Pablo Alconchel, negó. «No están pidiendo pasar a ser funcionarios», aseguró. Alconchel cuestionó los motivos por los que otras ciudades españolas y europeas están llevando a cabo procesos de municipalización y en el consistorio zaragozano es imposible. Se mostró muy crítico con la flexibilidad y permisividad que existe para que las concesionarias puedan subcontratar el servicio adjudicado.

Uno de los ejemplos sobre «el fracaso» de la privatización de un servicio fue la gestión del agua, de la mano de la portavoz de la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA), María Isabel Torrecilla. Mencionó las «deficiencias» que acumula la depuradora de La Cartuja, «con un precio de construcción desorbitado, incumpliendo los estándares de calidad y pésimas condiciones laborales».

La moderadora de la mesa, la presidenta de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMPC), Carmen Sánchez, destacó las dificultades del territorio para prestar determinados servicios por su falta de personal y su incapacidad económica. Tanto es así, que los acaban asumiendo las diferentes comarcas.