Los 821 vecinos de Cella decidieron el domingo el futuro de las 600 hectáreas de una finca municipal situada junto a la Laguna del Cañizar. Y votaron en contra de la conversión de esta finca en zona protegida un total de 647, y a favor, 158. La consulta popular, autorizada por el Gobierno central, tenía como objeto poner fin a la polémica entre ecologistas y agricultores, y aunque el resultado no es vinculante para el Gobierno aragonés, que será quien decida finalmente si protege este espacio, han surgido otras polémicas.

Ganar Comarca de Teruel, tras el resultado de la votación, criticó que el Ayuntamiento de Cella no ofreciera «la información adecuada» para facilitar la participación en la consulta destinada a decidir la protección de la zona El Prado. Esta es una finca particular como ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves).

En la celebración los vecinos votaron mayoritariamente por el no, aunque desde Ganar criticaron la escasa participación debido a la fecha elegida por el consistorio. Además, se criticó la ausencia de tarjetas censales a domicilios y que tampoco se ofreció la posibilidad de habilitar el voto por correo para las personas que no pudieran acudir ese día a las urnas. «De este modo se incumple el artículo 8.1 del Estatuto de Autonomía de Aragón, en el que se indica que los poderes públicos deben prestar la ayuda necesaria y como velar para que las personas que residan fuera puedan ejercitar su derecho a participar», argumentó Ganar.

«Esta falta de información y participación, unida a que la fecha elegida ha sido en medio del puente de San Jorge, se ha visto reflejada en la participación», insistieron. Así, indicaron que el 38% de los vecinos censados con derecho a voto participaron en la consulta. El colectivo comparó este dato con el registrado en las últimas elecciones generales en esta misma localidad, cuando la participación en este término alcanzó casi un 78%.

Desde Ganar Comarca de Teruel reafirmaron que las consultas populares «suponen un enriquecimiento democrático» y no entienden que se haya sometido a consulta una cuestión como la ZEPA, «dado que la competencia es de ámbito autonómico y, por tanto, es un tema en el que el Gobierno de Aragón tiene la última palabra».