Varios vecinos de Garrapinillos ratificaron ayer ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza que desconocían haberse convertido en militantes del PSOE y que no habían estampado su firma en las fichas de esa formación política.
El titular de ese juzgado investiga, dentro de las diligencias del Caso Becerril, la existencia de varias decenas de afiliaciones fraudulentas a esa formación en la agrupación de Garrapinillos, políticamente controlada por el exteniente de alcalde de Infraestructuras y de Participación Ciudadana zaragozano.
Las pesquisas, desarrolladas por el Grupo de Blanqueo del Cuerpo Nacional de Policía, se extienden a la aparición de varios de esos militantes como autorizados en doce cuentas bancarias de las que Becerril era el titular.
Sí hubo, no obstante, algunos vecinos que reconocieron como suyas las firmas que les mostraban los funcionarios del juzgado durante su comparecencia, aunque en ocasiones no recordaban cuándo ni por qué motivo las habían estampado.
Entre ayer y mañana están citados a declarar 68 militantes de la agrupación del PSOE de Garrapinillos cuyas cuotas de afiliación eran pagadas desde cuentas que controlaba Becerril. La mitad de esos fondos regresaban desde Ferraz a las cuentas de la organización local como subvenciones.
Los testigos efectuaban unas breves comparecencias de unos minutos en las que les preguntaban si ratificaban los testimonios que habían prestado ante la Policía y se les pedía que aclararan algunos aspectos concretos.
Algunos de los convocados no comparecieron. Varios de los titulares de las afiliaciones supuestamente fraudulentas --una práctica relativamente habitual en determinados partidos políticos-- son personas de avanzada edad, con la salud delicada e incluso problemas de demencia senil en algunos casos.
Las afiliaciones bajo sospecha fueron formalizadas entre los años 1992 y 2005. Becerril negó en su última declaración ante la Policía haber cometido irregularidades. Sostuvo que en esa época se encargaba de las tareas administrativas de la agrupación una persona fallecida hace unos años.
El Caso Becerril es una pieza separada de la operación Molinos en la que están imputados el exconcejal y cuatro empresarios por revelación de secretos y tráfico de influencias. El juez investiga un posible delito de falsedad continuada en la secuela de las afiliaciones.
