El anuncio de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, de que el Gobierno revisará en esta legislatura la ley orgánica de libertad religiosa ha provocado sorpresa, e incluso malestar, en sectores del PSOE. Dirigentes socialistas consultados por este diario no comparten que desde la Moncloa se reanuden las fricciones con la Iglesia después de que el PSOE, en su programa electoral, y el propio José Luis Rodríguez Zapatero, en su discurso de investidura, hubieran atenuado ese foco de confrontación. El malestar de los dirigentes del partido obedece, en unos casos, a convicciones ideológicas, y, en otros, a fríos cálculos de conveniencia política.

El anuncio de la reforma de la ley de libertad religiosa fue uno de los compromisos estrella que anunció De la Vega el miércoles pasado, al explicar ante la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados los planes del Gobierno para el nuevo mandato. Al margen del alcance real que vaya a tener dicha reforma --en ningún caso será tan radical como pretenden los sectores más laicos del partido--, el tono y la trascendencia que la vicepresidenta imprimió al anuncio llevó a miembros del aparato del partido a "llevarse las manos a la cabeza", según señaló gráficamente uno de ellos.

CONFESIONES Ayer, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, De la Vega quiso modular ese tono al afirmar que se trata únicamente de "actualizar" la ley de 1980 para dar cabida a las demás confesiones, cuyos feligreses han aumentado de manera espectacular en los últimos años, así como a los no creyentes.

El programa con que el PSOE ganó las últimas elecciones legislativas intentó suavizar el enfrentamiento que durante casi toda la legislatura había mantenido el Ejecutivo con la Conferencia Episcopal. Además de abandonar el compromiso de promover una ley de plazos para el aborto --que constaba en el programa del 2004--, introdujo dos cambios de último momento al borrador del texto programático con que concurrió a los comicios del 2008: eliminó la propuesta de creación de un Observatorio de la laicidad y, con respecto a la ley de libertad religiosa, se limitó a plantear una "reflexión orientada, y con amplio consenso, a valorar la posible modificación" de la norma.

DISCRIMINACIÓN En su discurso de investidura, el 8 de abril pasado, Zapatero pasó de puntillas sobre el expediente eclesiástico. Todo cuanto dijo fue: "Erradiquemos cualquier discriminación por razones religiosas o de ideología en nuestro país". E inscribió ese objetivo en la futura ley integral de igualdad de trato. Nada afirmó sobre posibles reformas de la ley religiosa ni, mucho menos, sobre la revisión de los acuerdos con la Santa Sede de 1979.

Los dirigentes consultados, que aseguran representar a un sector amplio del partido, sostienen que la confrontación con la Iglesia durante la campaña electoral atrajo numerosos votos de la izquierda, pero también ahuyentó a un volumen mucho mayor de electores moderados o creyentes, gran parte de los cuales votaron al PP. Para dichos dirigentes, el Gobierno debería recuperar a los votantes fugados, con la vista puesta no solo en las próximas generales, sino en las autonómicas y municipales del 2011.