Veinticuatro alcaldes aragoneses de distinto signo político han firmado hoy un manifiesto en una concentración multitudinaria en la Plaza del Pilar de Zaragoza contra el Impuesto de Contaminación de las aguas (ICA) del Gobierno de Aragón.

La concentración, organizada por la Red del Agua Pública de Aragón, se ha producido después de la llegada ayer a la capital aragonesa de la "Caravana por el agua pública", que desde su comienzo el pasado 9 de marzo ha recorrido más de mil kilómetros en toda la comunidad para pedir que el agua sea pública al cien por cien.

En declaraciones a los medios de comunicación, el secretario de la Red de Agua Pública de Aragón, Enrique Gracia, ha destacado que "distintos pueblos y ciudades y distintas sensibilidades políticas han sido capaces de llegar a un acuerdo común y llegar a un catálogo de soluciones", en relación a la batería de propuestas firmadas por alcaldes de diferentes signos políticos, a excepción del Partido Popular.

Para el representante de este colectivo en defensa del agua pública, el desarrollo del Plan de Saneamiento tiene como origen "el secuestro de las competencias de los ayuntamientos por parte del Instituto Aragonés del Agua para montar un plan privatizado y absolutamente desmesurado".

"Esto ha llevado al encarecimiento enorme del sistema con depuradoras en los pueblos hasta veinte veces más caras de lo que era necesario", ha expresado.

Es el caso de Artieda, en Zaragoza, cuyo alcalde, Luis Solana, se ha sumado al manifiesto al considerar que este municipio de 80 habitantes "no necesita ni va a poder mantener" un proyecto de depuradora de 400.000 euros.

El grupo denuncia que estos sobrecostes han supuesto el colapso del sistema especialmente en las comarcas pirenaicas, donde las empresas adjudicatarias aún no han construido las depuradoras y, por lo tanto, están incumpliendo sus contratos.

"El objetivo que buscamos es que se depuren los ríos porque queremos tener ríos en condiciones y con toda la problemática que ha habido con las diferentes empresas es el momento de recuperar las competencias", ha manifestado el alcalde de Canfranc, Fernando Sánchez.

Y ha propuesto "una gestión pública de las depuradoras y del agua", algo para lo que solo existe un vehículo, ha dicho, "una reforma legislativa en las Cortes de Aragón".

En este sentido, los firmantes del manifiesto han pedido que se facilite la recuperación de competencias a los ayuntamientos que lo soliciten, que se rescindan los contratos incumplidos y que se reforme la Ley de Aguas y Ríos de Aragón, por considerarla como un documento que "ampara a las empresas privada y desampara la situación económica y la gestión pública de los vecinos".

Además de una "privatización del agua", los firmantes denuncian que los pueblos que cedieron competencias al Gobierno de Aragón y no disponen de depuradoras se sienten "estafados" porque se les cobra el ICA, al incumplir las empresas sus contratos.

Situación que se agrava al tener que pagar el máximo canon de vertido a la Confederación Hidrográfica del Ebro, por no depurar, y multas por no tener depuradoras, critica el manifiesto.

Por su parte, el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, ha hecho énfasis en que "el agua es un servicio público y como tal se puede plantear o bien gestionarlo por manos privadas o bien gestión directa por los ayuntamientos" y ha puesto en relieve el "desprecio hacia la autonomía local" que, a su juicio, debe requerir la gestión del abastecimiento de las aguas.