Casi 20.000 euros es la cantidad con la que el Gobierno de Aragón va a tratar de compensar una odisea compuesta por siete operaciones y más de un año de sufrimiento. Julián Causapié, de 76 años, recibirá esta cantidad por la falta de información a la que lo sometieron los médicos que lo operaron de fémur hace dos años. Unas consecuencias que incluían infecciones y secuelas de imporante consideración, de las que no tuvo constancia.

En junio del 2006 Julián sufrió una caída en la que se fracturó el fémur y fue ingresado en Urgencias del Hospital Miguel Servet de Zaragoza para someterse a una intervención quirúrgica. Este fue el pistoletazo de salida que dio comienzo a una carrera de hospital en hospital, de operación en operación y de infección en infección.

Tras la primera intervención, la evolución no fue favorable y, tan solo cuatro meses después de recibir el alta, Julián tuvo que volver al quirófano en dos ocasiones. Pero se le colocó una prótesis de cadera que le provocaba luxaciones continuas, por lo que se le volvió a intervenir. Además, contrajo varias infecciones hospitalarias, como E. Coli, Acinotobacter y SARM.

En mayo del año pasado, lejos de estar recuperado, Julián tuvo que acudir a urgencias por presentar un orificio de un centímetro de diámetro en mitad de la cicatriz por la que sangraba gravemente. Casi un año después, también las infecciones seguían patentes en su organismo.

"Mi padre entró en el hospital por su propio pie y salió en silla de ruedas. Le operaron siete veces y la última se dejaron cemento dentro y un hueso suelto. Ha sufrido durante un año y ahora no tiene cadera ", explica la hija del afectado, Mila Causapié.

Tras presentar numerosas quejas en Información del Paciente, decidieron interponer una reclamación por la vía administrativa contra el Gobierno de Aragón por la asistencia recibida.

Además de la mala praxis médica, esta familia denunciaba la falta de información sobre los riesgos que podía correr el paciente por la intervención. "Nadie nos avisó de que mi padre se podía quedar en silla de ruedas, ni de que las infecciones eran frecuentes en este tipo de intervenciones".

La Comisión Jurídica asesora del Gobierno de Aragón estimó parcialmente la petición de indemnización, pero no accedió a tramitar las imputaciones por mala asistencia médica, ya que consideró que la situación actual del paciente se debe a sus anteriores patologías y a su deteriorada situación motora. Respecto a la falta de información, la sentencia dictaminó, que por lo frecuente de dichas infecciones (casi inherentes a este tipo de operaciones), se debería haber advertido al paciente en el documento de consentimiento.

Como resultado, Julian será indemnizado con la cantidad de 19.711 euros. "A mi padre lo han dejado en una silla de ruedas y eso no se paga con dinero. Son ilusiones rotas", se lamenta su hija Mila.