El expresidente del consejo de administración de Plaza Javier Velasco expuso ayer, en la segunda jornada del juicio por el caso karts de Plaza, que los 6,3 millones que aprobaron pagar por el terreno del kartódromo Aragón le parecieron un precio «caro», pero razonable, porque «coincidía sustancialmente» con la tarifa por metro cuadrado abonada por otras parcelas que contenían negocios. Incluso habló de un «estudio comparativo», hasta ahora inédito, que se realizó para comprobar el pago. Porque tasaciones, salvo las iniciales sobre terreno rústico que realizaron los técnicos de la DGA, no se realizó ninguna en la historia de Plaza.
El exconsejero de Obras Públicas ratificaba así la documentación que él mismo aportó la semana pasada a su compañero socialista Carlos Escó, exconsejero delegado de Plaza, acusado en este caso de malversación y cohecho junto al exgerente Ricardo García Becerril y el dueño del kartódromo, Santiago Becerril (sin parentesco con el anterior).
Los documentos de Velasco, explicó, los buscó entre la poca documentación que aún guarda de su época de presidente del consejo, rescatada a raíz de la comisión de investigación sobre la plataforma logística celebrada en las Cortes hace dos años.
Estos papeles elevaban considerablemente el precio de adquisición de dos terrenos con negocio, el de Petróleos Zaragoza y el de Hermanos Roche, que fueron tomados como referencia por el perito judicial y por la Policía para valorar que el valor del terreno se había inflado de 2,3 millones a 6,3. Solo que lo hicieron en base a un documento aportado por Plaza, con precios al parecer erró- neos (muy a la baja). Un excel que ahora nadie sabe de dónde salió.
URGENCIA
Velasco respaldó a grandes rasgos la versión de las defensas sobre la tramitación de la compra del karting. Así, la enmarcó en la urgencia por ampliar la zona comercial de Plaza Imperial antes de licitarla, ante el «vertiginoso» crecimiento de la plataforma logística, que pasó «de un erial a tener 5.000 empleos en tres años», recordó.
En principio no consideraron que fuera necesario incluir en el plan supramunicipal urbanístico de Plaza el terreno del kartó- dromo, pero luego, para no afear «la fachada» comercial de la A-2, y ante la necesidad de conectar esta con el polígono (una exigencia, sin fecha, de Fomento), urgieron al exgerente García Becerril a negociar la compra del terreno.
Según Velasco, «nadie informó, desde luego no al consejo», de la posibilidad de expropiar terrenos aún fuera del plan supramunicipal, que recoge la llama- da Ley de Plaza, específica para el polígono. A su entender no era posible, pero reconoció que no le informaron de ello. En cualquier caso, advirtió, expropiar no es garantía de que salga más barato, porque el expropiado puede litigar y acabar cobrando «hasta ocho veces más».
UN DÍA ANTES
Sea como fuere, los 6,3 millones llegaron al consejo de administración y a todos, «gente solvente», les pareció bien. Lo que no supo explicar es por qué los pagarés con los que se abonó el terreno fueron fechados un día antes de que el acuerdo recibiera la necesaria aprobación del consejo. «No tiene explicación», admitió primero, para luego atribuirlo a «un error».
Él no podía controlar todo lo que firmaba, igual que nadie, al parecer, visaba que el valor del terreno fuera adecuado (salvo el propio García Becerril, que lo negociaba), o las cuentas de la sociedad. El director financiero de Plaza por aquella época, Pedro Colás, explicó que él desarrollaba el plan general, pero que en las cuentas solo supervisaba que no hubiera «erratas» o errores en las sumas, con «matemáticas de EGB». La responsable comercial y la secretaria tampoco se encargaban del asunto.
