Los vendedores ilegales del rastro de Zaragoza se concentraron ayer para pedir al ayuntamiento que cree cien puestos nuevos para legalizar su situación.
Según explicaron, estarían dispuestos a pagar una tasa de entre tres y cinco euros. «El máximo que podemos», aseguró uno de los portavoces, Ridouan. Alrededor de un centenar de vendedores se concentra en la plaza del Pilar ayer por la tarde, coincidiendo con la celebración del pleno municipal donde se instaba al Gobierno de la ciudad a tramitar las multas que se imponen en el rastro y comunicarlas a los Servicios Sociales ya que, según el propio Gobierno, se trata de personas en exclusión social que se ven abocados a vender elementos de segunda mano para poder sobrevivir. La oposición exigió una intervención social.
