El Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza siguen acumulando asuntos con discrepancia en su día a día. El último del que se tiene constancia afecta a uno de los edificios emblemáticos de la capital aragonesa, el antiguo Tribunal de Menores de la céntrica calle Lagasca de Zaragoza, que es propiedad de la DGA y que lleva meses esperando a una autorización municipal que permita su rehabilitación para su enajenación.

Esta sigue atascada en el área de Urbanismo que dirige el concejal de Zaragoza en Común (ZeC) Pablo Muñoz, el mismo con el que la consejería de Hacienda lleva discutiendo mucho tiempo del futuro uso de los juzgados de la plaza del Pilar, la liquidación del convenio de Plaza o el Parque Tecnológico del Reciclado (PTR). Sin que haya conexión alguna, parece que el caso del antiguo Tribunal seguirá así más tiempo, porque las condiciones del ayuntamientoo para aceptar lo que piden desde el edificio Pignatelli han cambiado respecto a lo inicial.

Así, lleva meses en el consistorio dando vueltas a una propuesta que, básicamente, lo que pretende es una autorización municipal que le permita instalar un ascensor en el inmueble. Esto, a juicio del ayuntamiento, aumentaría la edificabilidad del edificio y al consistorio le correspondería el 10% del aprovechamiento lucrativo que se obtenga de él. Es decir, de su posible venta, una vez construído el ascensor que lo adapte a las exigencias actuales de accesibilidad.

El proceso administrativo ahora atascado comenzó en julio del 2014, cuando la DGA presentó la propuesta de modificación de la parcela del chalet, para aumentar la edificabilidad necesaria para construir unas escaleras o ascensor y así poder sacarle provecho. Y destinarlo a viviendas, usos hosteleros, comerciales o administrativos tras su traslado a la Ciudad de la Justicia.

Se aprobó en pleno la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), pero luego se solicitó, en agosto del 2015, ese 10% del aprovechamiento que, desde la Dirección General de Urbanismo de la DGA se calificó de «improcedente» en un informe aportado con posterioridad, ya en junio del 2016, al tratarse de solo 93 metros cuadrados más. A continuación, el servicio de Patrimonio propone, un mes después y en febrero del 2017, su resolución. Y en marzo, Urbanismo rechazó los argumentos de la DGA y se reafirmó en la cesión.