La familia de uno de los seis fallecidos en la explosición de Pirotecnia Zaragozana, a finales del mes de agosto del pasado año, ha pedido amparo al Tribunal Constitucional para que se investigue este asunto con «mayores garantías».
Un paso que se produce después de que la Audiencia Provincial de Zaragoza decidiera archivar este caso, tal y como adelantó EL PERIÓDICO.
La familia considera que en las pesquisas llevadas a cabo por el Juzgado de Instrucción número 10 de Zaragoza «no se ha realizado más prueba que la aportación de diversos informes periciales sin ratificación alguna en sede judicial» y «que las declaraciones de los testigos del suceso tampoco han sido ratificadas» en un juicio.
Los demandantes reconocen que los informes periciales indican las «dificultades, cuando no imposibilidad, de determinar la causa de la explosión inicial», si bien destacan que estos acuerdan «la existencia de determinadas situaciones que pudieron conllevar a la extensión de la explosión».
Entre los informes que destacan figura uno del laboratorio oficial Madariaga, realizado a petición del Ministerio de Industria y Energía, que en sus conclusiones indica la posibilidad de la existencia de un funcionamiento anormal, fallo o ruptura de determinados elementos. El letrado Javier Hernández también resalta en su recurso que en la documentación se ha podido «constatar la existencia en la instalación de cloruro potásico, lo que está prohibido expresamente y, en su caso, hubiera requerido la especial formación de los trabajadores que utilizaron el citado producto».
Destaca, además, que el tiempo material para llevar a cabo la investigación «ha sido escaso» para poder concretar unas conclusiones exactas sobre las supuestas responsabilidades ocurridas en este asunto. También critica que «no se hayan realizado pruebas distintas a las periciales oficiales». H
