Las víctimas piden a las Cortes de Aragón que condenen la impunidad del franquismo

Hoy han comparecido ante la Comisión de Peticiones Ciudadanas Carlos Slepoy, abogado de la querella argentina contra las crímenes del franquismo, y José María "Chato" Galante, querellante y ex preso político, para reclamar a la cámara legislativa aragonesa no ya la condena del franquismo, que eso es alguien que todo el mundo hace ya, sino que se condene "la impunidad" y la "desmemoria".

Y también, según Slepoy, pretenden que las Cortes hagan un llamamiento a los ayuntamientos de la comunidad -puesto que en "todos" se cometieron crímenes por parte de las fuerzas sublevadas contra la Segunda República, entre 1936 y 1939, y después, durante el franquismo para que interpongan querellas al respecto en sus respectivos juzgados locales.

Después de 40 años de dictadura, llegaron otros 40 de impunidad, y si la justicia española se decidiera a perseguir estos crímenes, lanzaría a la comunidad internacional un "claro mensaje" de que nadie, "en ningún tiempo y en ningún lugar", puede salir impune.

Slepoy ha considerado una contradicción y una paradoja que España, el país que contribuyó de forma decisiva a encarcelar a los responsables de la dictadura argentina en aras de la aplicación de los principios de la justicia universal, se niegue a investigar los crímenes del franquismo.

Por eso, cientos de víctimas españolas del franquismo, que según Slepoy pergeñó un "plan de exterminio absolutamente planificado", decidieron hace tres años interponer sus querellas en Argentina, en el "único espacio judicial que encontraron las víctimas", y éstas fueron aceptadas.

La llamada "querella argentina" sigue "potente" y Slopoy espera que el año que viene pueda haber avances y acabe la impunidad de personas como José María Torres, destinado entre 1970 y 1976 en Zaragoza y que llegó a ser comisario general de información.

Según "Chato" Galante (quien estuvo preso en la cárcel de Torrero de Zaragoza durante seis meses, y después en la de Segovia), Martínez Torres es un "torturador" que en 2013 fue nombrado comisario honorario del Cuerpo Nacional de Policía, y con este tipo de prácticas es con lo que quieren acabar.

Entre otras cosas, Galante ha solicitado que se impulse un proceso en el que las víctimas de la dictadura puedan recuperar sus derechos ciudadanos básicos, sobre todo la justicia.

Eso resarciría en parte a los familiares de las 8.523 víctimas directas del franquismo, ha dicho.

También han comparecido en las Cortes miembros de la Asociación por la recuperación de la memoria histórica de Aragón (ARMHA) y en su nombre, Enrique Arnás también ha lamentado el "olvido" que la democracia ha tenido "para quienes precisamente fueron represaliados para defenderla".

La falta de sensibilidad hacia las familias de las víctimas, el silencio, el llamado "franquismo social" y una transición que impuso el olvido han hecho que muchas personas no se sientan representadas por su país, porque sienten que "se trata de forma totalmente diferente a las víctimas de una violencia que a las de otra".

Nulo apoyo institucional ha sentido también Mercedes Sánchez, quien busca en las cunetas a su bisabuelo, a su abuelo y a su tío-abuelo sin ningún respaldo económico por parte de las instituciones para poder recuperar su pasado.

Las víctimas de un bando, ha asegurado, tuvieron reconocimiento y justicia, y ahora las del otro bando, el perdedor, reclaman "verdad, memoria y justicia", ha dicho.

Entre otras cosas y después de dos legislaturas en las que "no se ha hecho absolutamente nada", reclaman la aprobación de una ley autonómica de memoria histórica, la creación de un órgano que financie los proyectos de exhumación de fosas, crear una red de "lugares para la memoria", acabar el mapa de fosas, y la desaparición de los monumentos de exaltación franquista y la nomenclaturas de calles y pueblos alusivas a la dictadura.