El segundo juicio civil por el accidente del Yak-42, en el que fallecieron 62 militares españoles, ha quedado visto para sentencia hoy tras cuatro días en los que los abogados de las familias han reiterado la falta de profesionalidad de las empresas y los pésimos procedimientos de la tripulación del avión siniestrado. En sus conclusiones finales, los abogados de las familias han solicitado 63 millones de euros en concepto de indemnizaciones a la compañía Ukranian Mediterranean Airlines (UM Air), a la contratista del vuelo Chapman Freeborn y a su reaseguradora Busin Joint-Stock Insurance, que, a través de sus representantes, han reclamado la exoneración de su responsabilidad.

Al concluir el juicio, ha habido un momento de gran tensión, ya que el letrado de Chapman Freeborn, Luis Alberto García, en su informe final, ha cuestionado la cercanía de los militares fallecidos con sus padres y hermanos, y también ha alertado de la ausencia de documentación que probara dicho parentesco, lo que ha molestado a muchos de los presentes, algunos de los cuales lo han llegado a calificar de "sinvergüenza", y le han pedido respeto. Este letrado, además, ha insistido en que Chapman actuó de manera "diligente" comprobando que los aparatos que subcontrataba tenían la documentación en vigor, mientras que en su opinión la revisión de los aviones le corresponde a cada uno de los Estados.

El letrado de las familias José Antonio Salgado ha recalcado que ningún militar estaba al mando del vuelo, sino que era el piloto de la compañía Um Air el que tomaba las decisiones, por lo que estaba sujeto a normas civiles internacionales, y que la compañía no entregó ningún billete a los pasajeros, ni individual ni colectivo. Carlos Villacorta, otro de los letrados demandantes, se ha referido a la responsabilidad de la tripulación, teniendo en cuenta que los pilotos cometieron "graves errores" que llevaron a la colisión del aparato, además de que se produjo una infracción en los procedimientos y demostraron una "pésima técnica de vuelo".

El cansancio de la tripulación, que llevaba más de 25 horas en activo; su "nula" experiencia previa en los aeropuertos de la ruta y su "deficiente" entrenamiento, además de su "desprecio" a las normas de seguridad internacionales, llevaron a la situación para que el accidente se produjera, ha subrayado el letrado, quien además ha calificado las políticas empresariales de Um Air de "suicidas", ya que la compañía era consciente de que estaba poniendo en riesgo a sus clientes y trabajadores. Por contra, el letrado de UM Air y su reaseguradora, Rodolfo González Lebrero, ha explicado que la aeronave estaba en perfectas condiciones y que tomaron todas las medidas necesarias para evitar el siniestro, es decir, que el personal de vuelo tenía las licencias y certificados en vigor y que el aparato tenía el combustible y lubricante necesarios para llegar a un aeropuerto alternativo.

El vuelo era militar, ya que sus pasajeros eran militares que fallecieron en acto de servicio, sometidos a un "rígido sistema de disciplina", ha dicho el abogado, al tiempo que ha hecho hincapié en que según varios informes "los controladores aéreos turcos no obraron adecuadamente", por lo que ha pedido la exoneración de responsabilidades. Este es el segundo juicio civil sobre esta causa, ya que el primero, que se celebró en enero de 2006, fue anulado por la Audiencia Provincial de Zaragoza por un defecto de forma en la convocatoria de los representantes de Chapman Freeborn, que no se presentaron entonces y que tampoco lo han hecho ahora, lo que ha llevado a los abogados de las familias a considerarlo como una "tomadura de pelo" a la Justicia española.

Sobre el comportamiento de Chapman, otro de los letrados de las familias, Eudald Vendrell, ha comentado que estaba claro que "esta empresa iba a venir a defenderse de cualquier manera", pero muchos de ellos "son tan distorsionados que no tienen la más mínima razón de ser". A su juicio, ha sido una manera "poco elegante" de defenderse y ha dicho entender la indignación que ha provocado en las familias.