Con extrañeza ha acogido la Dirección General de Vivienda del Gobierno de Aragón la propuesta presentada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) para elaborar una ley de Vivienda en la que exige a los grupos que acepten todas las demandas. El Ejecutivo autonómico considera «inasumibles» gran parte de esas propuestas, después La DGA discrepa del realojo en casos de ocupación, entre otros desacuerdos b Considera que el colectivo debería hacer propuestas en el grupo de trabajo b de haber estudiado con detalle los quince puntos que se plantean. Además, en otros casos afirma que se están solicitando demandas que ya se ofrecen en la legislación vigente, y en otros casos hay puntos de convergencia que, sin embargo, plantearían problemas de encaje en el Tribunal Constitucional.

«Nos ha sorprendido la forma de actuar de la PAH, ya que el recorrido más lógico es que hubieran planteado sus propuestas en el Foro de la Vivienda, donde estamos trabajando todos los colectivos y la Administración para sacar una ley consensuada y que tenga en cuenta el problema de acceso a la vivienda, pero con propuestas factibles y que se puedan desarrollar», señaló la directora general de Vivienda, Mayte Andreu, quien indicó que «muchos de los planteamientos están ya recogidos en la ley 10/2016 y el decreto 3/15. En otras se produce una colisión de derechos y de competencias».

Además, se está perjudicando a otra unidad familiar que participa de las reglas del juego y está a la espera de una vivienda que otros han ocupado sin respetar las reglas», indicó. La directora general sí apoya la dación en pago y considera que la ley de segunda oportunidad está sin desarrollar «para personas privadas, y es necesaria una legislación real en este sentido». También considera que las terceras personas, mayores generalmente, que avalan viviendas y las están perdiendo, no debería ser así, y así se recogerá en la futura ley», al igual que el freno a las clausulas abusivas, «donde también interviene la legislación estatal y europea». Del mismo modo, Vivienda plantea que los precios no sean superiores al 30% de los ingresos de la unidad familiar, pero tampoco a los precios de la ciudad o el barrio en el que estén situados los pisos. También se opone, «porque es inconstitucional», a que sea obligatoria la cesión de las viviendas vacías.