Los pinchazos telefónicos realizados de una investigación policial contra el narcotráfico derivó, en marzo del 2016, en otra operación similar que se saldó con la detención de diez personas por, supuestamente, distribuir cocaína en la capital aragonesa. Ayer, todos ellos fueron juzgados por la Audiencia Provincial de Zaragoza.

Del total, cuatro de ellos, Yodelin Mercedes T. M., Franckelly Adonai M. T., Franklin Ygnacio B. V. y Francisco Javier Á. G., defendidos por los penalistas José Luis Melguizo y Eloisa Gimeno, reconocieron su actividad delincuencial y aceptaron dos años de cárcel y multas de entre 300 y 3.000 euros. Inicialmente se enfrentaban a penas de hasta cinco años de prisión.

Aunque las diligencias de la Unidad de Droga y Crimen Organizado apuntaron a que todos ellos se conocían mutuamente, bien por las conversaciones que mantenían a través de sus teléfonos móviles o porque tienen vículos familiares. Sin embargo, en sus declaraciones ante el tribunal provincial señalaron todo lo contrario, llegando a afirmar varios de ellos que se conocieron cuando fueron arrestados y enviados a la prisión de Zuera.

CONSUMIDORES / Dos de los procesados que no quisieron llegar a un acuerdo con la Fiscalía fueron Héctor Fabio C. D. y José Antonio R. G. Ambos aseguraron que la cocaína hallada en sus respectivas viviendas no estaba destinada a la venta a terceros, sino que era para consumo propio.

De hecho, uno de ellos, Héctor Fabio C. D., llegó a señalar que los más de 40 gramos que tenía en casa procedían de una deuda que tenía que cobrar y que se la dieron así. Unas explicaciones que no convencieron al representante del ministerio público, José Luis Hedo, quien llegó a preguntarles por qué no hay informes médicos que confirmen la toxicomanía que, al parecer, sufren.

Al presunto cabecilla del grupo, Milton R. R., le arrestaron con 750 euros en sus bolsillos, dinero que, al parecer, procedía del tráfico de droga en su discoteca. Sin embargo, este hombre lo negó y afirmó que esa cantidad era para comprar bebidas. Sus abogados, Javier Notivoli y Alfonso Bayo, cuestionaron los pinchazos telefónicos porque «en ningún momento hablaban de droga».