El Ayuntamiento de Zaragoza ha cumplido a rajatabla con los compromisos adquiridos con el plan de ajuste orientado a recuperar la estabilidad presupuestaria, pero se sigue manteniendo el mismo problema que año tras año le acarrea al Gobierno un buen número de críticas de la oposición: las denominadas facturas en los cajones. Pagos no abonados que no han sido aplicados al presupuesto sobre los que sigue suspendiendo el consistorio, ya que el Estado solo le permitía un límite de 25 millones de euros y, según admitió el vicealcalde y responsable de Economía y Hacienda municipal, Fernando Gimeno, se ha rebasado en 2,8 millones. Un margen que, pese a incumplirlo, se ve como algo "razonable".

En realidad es el único dato negativo referido al cumplimiento de este plan de ajuste, ya que todo lo demás deja datos que mejoran los del 2012. Más ingresos de los previstos, menos gastos, una ejecución presupuestaria del 96,7%, una deuda financiera mucho menor --ya en los límites que marca la ley si se excluyen los firmados con la Administración central, y en definitiva un remanente de tesorería positivo que, según aseguró, es de 56,3 millones de euros, 500.000 euros más que el año pasado.

Aunque son datos provisionales y habrá que esperar a marzo para tener la liquidación definitiva, porque por ahora este dinero sobrante en la caja única del consistorio evidencia, a su juicio, que la situación económica es "mucho mejor" aunque no se hayan solventado todos los problemas. Además, Gimeno explicó que este dinero todavía no puede destinarse a gastos generales, ya que debe proveer fondos para cubrir los actuales saldos de dudoso cobro.

47 DÍAS Otro dato relevante es el de los 47 días de media necesarios para abonar facturas, aunque sea contando ahora desde la fecha en la que se reconoce el pago y no cuando se emite. Así, los derechos reconocidos (ingresos previstos) queda, según el documento aprobado ayer por el Gobierno municipal, en 721,8 millones, 19,8 más de los estimados inicialmente. Por contra, el gasto reconocido se situó en 692,4 millones de euros frente a 715,7 previstos en su confección, es decir, 23,3 millones de contención.

Mientras, la deuda con las entidades financieras se quedó, según el vicealcalde, en 695,3 millones, que serían 866,5 si se contabilizan los créditos con el ICO para el pago a proveedores y el Plan Avanza. Por eso presumió de que el índice está en el 105%, dentro de la ley, y no el 134,5 % que representa la deuda global. Aunque confió en que este año llegue a 738 millones (128 menos en solo doce meses), 638 sin contar la contraída con la Administración central.