La llegada a Zaragoza de 25 nuevos refugiados ayer, de la mano de Cruz Roja, es una buena noticia que solo es capaz de empañar el «colapso» del sistema que podría permitir la acogida de muchos más en la capital aragonesa. «Perfectamente podría ser el doble» si el Gobierno central del PP de Mariano Rajoy accediera a escuchar peticiones como la que ayer hacía públicamente el alcalde de la ciudad, Pedro Santisteve, y la responsable de Derechos Sociales, Luisa Broto, de otorgarle a los consistorios un papel más activo en la recepción de nuevos casos, de personas que huyen de un conflicto bélico que les aboca a buscar refugio fuera de su país. Zaragoza ya suma unos 160 casos.

Santisteve salió a la palestra para denunciar que el Gobierno central ha rehusado reunirse con él y otros alcaldes que lo han solicitado, porque considera que la situación está bajo control y que la falta de coordinación que ellos denuncian no es tal. A pesar de que España previera acoger a unos 17.000 refugiados y apenas lleve mil; o de que los centros de acogida tengan una capacidad para 419 y ya lleven recibidos 385, tengan reserva para otros 30 y solo haya 4 disponibles; o de que en los centros de estancia temporal de Ceuta y Melilla la capacidad para 1.308 personas se haya visto superada y ahora haya 1.603.

Por estos datos, Santisteve aseguró que Zaragoza no está dispuesta a ser «cómplice» de esta «falta de voluntad política, incapacidad o ineficiencia» del Gobierno central. Porque no aceptan firmar con los ayuntamientos convenios como los que tienen con entidades privadas, que con la financiación europea comprometida permitiría una gestión de esta crisis humanitaria más eficaz. Pero el alcalde lamentó la «descoordinación» actual, con unas administraciones como las autonómicas y municipales a las que no se reúne «desde diciembre del 2015». «No queremos ser parte del problema, sino de la solución», añadió el alcalde.