La emergencia social está todavía lejos de desaparecer de la realidad de Zaragoza. Por más brotes verdes de recuperación que se trasladen desde las Administraciones, la estadística, año tras año, vuelve a demostrar que la vulnerabilidad sigue instalada en demasiados hogares de la quinta capital de España. El año pasado lo cerró con un total de 32.457 ayudas urgentes concedidas a 10.814 familias, lo que supone atender a unas 27 personas, adultas y niños, durante doce meses. Un descenso minúsculo en el número de solicitudes aceptadas --un 1,8% menos--, que ha servido para reorientar el auxilio que se concede, hasta aumentar a 278,23 euros la cuantía media otorgada. Un promedio que esconde cantidades más pequeñas y puntuales, y otras realmente preocupantes.

Porque los técnicos municipales aseguran que «en torno a un 70% de los casos» que se tramitan son ayudas puntuales provocadas por una situación excepcional y sobrevenida que le impide cubrir sus necesidades más básicas. En este caso, ese 30% restante, los expedientes de más largo recorrido, se traducen en la significativa cifra de unas 3.000 familias en las que su situación de pobreza se puede entender como cronificada.

REORIENTAR

Son datos que invitan a la reflexión, tras cinco años de lucha contra la pobreza extrema con planes específicos por parte del Gobierno municipal. Con recursos económicos que al menos en el 2016 no ha habido que implementar. Y, aunque se cumplan las previsiones y el gasto global haya ascendido a 8.657.802 euros finalmente, es un logro que la cifra al cierre del ejercicio no haya tenido que implementarse.

Aunque la realidad social invita a analizar cuál es el escenario al que se enfrentan a diario tantas familias en Zaragoza. Como que 16.385 de las ayudas concedidas --el 50,4% del total y que han supuesto un gasto de 3.859.002 euros--, representan el 44,5% del dinero que se dedica a socorrer a las familias en situación de vulnerabilidad.

Sigue aumentando la estadística, un 0,76% en este caso, y no sigue la tendencia que se ha observado en otro tipo de ayudas, como por ejemplo para el alquiler de la vivienda, que han descendido un 21% (5.836 frente a las 17.434 del año anterior); o el 16% en las de la llamada pobreza energética, para luz y gas (4.921 frente a las 5.842 del 2015).

Sin embargo, la disminución de este tipo de peticiones ha servido para destinar 600.000 euros a las ayudas dirigidas a los más pequeños. La coordinación con los centros educativos y asociaciones de madres y padres de alumnos han contribuido a que este tipo de auxilio, en forma de material escolar o ayudas de comedor, se haya incrementado en un 358% y un 207%, respectivamente. Se han multiplicado las peticiones, 2.651 (1.310 de comedor y 1.341 de material) en el último año.

Otra de las cifras que no varían en la estadística es el del número de expedientes en el que se reciben cuatro ayudas urgentes o más. Hace un año fueron 2.189 familias, en el 2016 sumaron 2.120, un 3,15% de disminución que no oculta que el 19,6% de los hogares que pasan por los servicios sociales a pedir auxilio entra en este grupo. Aunque el promedio global de ayudas se ha reducido: en el 2015 era de 3,03 y el año pasado fue de 2,88.

Además, el dinero dedicado a la alimentación ha aumentado un 5,55% con respecto al año anterior (pasa de 3,65 millones a 3,85), así como la cuantía media por ayuda, que ascendió a 504,15 euros --era de 475,92 en el 2015--. Son datos que invitan a repensar la emergencia social.