El concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza, Pablo Híjar, ha asegurado hoy que el "problema real" de la emergencia habitacional se está trasladando de las ejecuciones hipotecarias al mercado de alquiler y que se cronifica en las familias en situación de exclusión social.
Así se recoge en los datos de expedientes tramitados por la Oficina Municipal de Vivienda, donde las mediaciones por impago de alquileres triplican a las de deuda hipotecaria, aunque ambas han disminuido en torno a un 30 por ciento en 2017.
No obstante, Híjar ha apuntado que los datos provisionales ofrecidos por el Consejo General del Poder Judicial no recogen dicho descenso en el caso de los alquileres, sino más bien la tendencia contraria.
En cuanto a los datos concretos de los programas de mediación en deuda hipotecaria y en arrendamiento, para los que el Ayuntamiento firma convenios anuales con el Gobierno de Aragón y los colegios de abogados y trabajadores sociales, el coordinador de la Oficina Municipal de Vivienda, Sergio Castells, ha destacado que en el primer caso disminuyen desde que en 2013 se llegara al punto álgido.
Así, se tramitaron 73 expedientes, un 30 por ciento menos que el año anterior, lo que ha achacado a que los bancos "se piensan más" los procedimientos tras los casos de cláusulas abusivas y reclamaciones.
La mitad de las mediaciones corresponden a personas que tienen cuotas pendientes pero sin demanda de ejecución, un 26,46 por ciento lo hace ante la previsión de que esto pueda suceder y un 22,9 por ciento se sitúa en el contexto más difícil, los que ya tienen pendientes ejecuciones hipotecarias.
Predominan las parejas con hijos (41,11 por ciento), con ingresos por desempleo o prestaciones sociales (40 por ciento) o del trabajo (30 por ciento), que suelen ser "precarios", mientras que menos de la quinta parte no perciben ningún tipo de ingreso.
El 63,13 por ciento son de origen español, cerca de un 20, de origen americano y el resto, de África o Europa.
Entre los resultados, destacan las refinanciaciones (36,12 por ciento), las mediaciones sin acuerdo (22,9 por ciento), las daciones en pago (13,66 por ciento) y los desistimientos (12,75 por ciento), mientras que la entidad bancaria más afectada es Ibercaja en 26 casos, seguida de Kutxabank en 9 y BBVA en 7.
En lo relativo a la mediación por arrendamiento, programa que comenzó en 2015 y registró un repunte "importante" en 2016, también descendieron un tercio el pasado año, de 300 a 199, de los que 32 hacen referencia a ocupaciones de viviendas.
Casi la mitad de los solicitantes tenían pendiente una demanda de desahucio, mientras un 35,21 por ciento lo hacían por previsión antes de tener cuentas pendientes.
En este caso también predominan las parejas con hijos (40,17 por ciento), pero aparecen con fuerza las familias monoparentales con hijos (35,21 por ciento).
Casi un 60 por ciento tenían ingresos por desempleo o subsidios, mientras un 16,2 eran procedentes del trabajo y un 12,23, por pensiones, y casi dos terceras partes eran también españoles.
En total, 59 de los expedientes finalizaron con un cambio de vivienda, 43 con acuerdos de mediación, 36 con realojos por parte del Gobierno de Aragón, 34 con renuncias o desistimientos, 14 con realojos por la sociedad municipal Zaragoza Vivienda y otros 14 sin acuerdo.
En las ocupaciones destacan siete cambios de vivienda y siete casos archivados por no cumplir requisitos.
Con estos datos, Híjar ha incidido en la necesidad de aumentar el parque público de vivienda, tanto el autonómico como el municipal.
Sobre el problema con el alquiler, ha señalado que representantes de siete ayuntamientos españoles acudieron al Ministerio de Fomento para advertir de que es necesario intervenir en este mercado, ya que hay "muchas herramientas" para ello, como establecer precios medios o incentivos y bonificaciones para quienes se ajusten a ello, ante lo que "desgraciadamente" se toparon con la negativa de los grupos parlamentarios de PP y Ciudadanos.
Ha defendido también aumentar estos contratos de tres a cinco años para evitar la especulación, la subida de precios y los desplazamientos de vecinos del centro a la periferia de las ciudades.
A su juicio, hay "una nueva burbuja que está apareciendo ante nuestros ojos como la anterior y nadie quiere frenarla".
Además, el concejal ha criticado que las moratorias en las hipotecas dependen de "la gracia del ministro de turno" y que muchos de esos acuerdos ya están venciendo y ahora esas familias verán incrementadas sus cuotas.
Por último, ha hablado de los proyectos en marcha y pendientes en Zaragoza en este aspecto, como las viviendas sociales en Las Fuentes y otras nuevas de alquiler social, así como el proyecto de Pontoneros, paralizado por diferencias políticas con el PSOE.
Ha asegurado que llegará al Consejo de Administración de Zaragoza Vivienda a final de mes "con acuerdo o sin acuerdo", pero se ha mostrado "optimista" porque la coincidencia con sus socios de la izquierda está en un "80 ó 90 por ciento".
