El Ayuntamiento de Zaragoza reclama una mayor implicación presupuestaria del Ministerio de Fomento en materia de vivienda y la necesidad de que el Estado transmita competencias a las CCAA para que éstas puedan regular los precios del alquiler, tal y como sucede en otros países europeos.
Estas son dos de las alegaciones que el Ayuntamiento de Zaragoza presentará el próximo lunes, 11 de diciembre, contra el Plan Nacional de Vivienda 2018-22 en la reunión con el secretario de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, según ha señalado el concejal de Vivienda de la capital aragonesa, Pablo Híjar.
El Ayuntamiento de Zaragoza denuncia que el plan estatal de vivienda es "poco ambicioso" y que "abre la puerta a planes de privatización de los parques públicos de vivienda", algo que Híjar ha considerado "peligroso" esta mañana en rueda de prensa.
El concejal ha calificado de "ridícula" y "vergonzosa" la cifra que actualmente destina el Estado central a políticas de vivienda y ha insistido en "la necesidad de aumentar el presupuesto destinando, como poco, el dos por ciento del Producto Interior Bruto" y no el 0,059 por ciento que se destina ahora.
Híjar ha puesto de manifiesto que "el Ayuntamiento de Zaragoza está invirtiendo tres veces más por habitante de lo que invierte el Gobierno en materia de vivienda".
En cifras, según han señalado desde el consistorio, Zaragoza invierte más de 24.000.000 de euros anuales de presupuesto en políticas de vivienda, con un gasto de 34,54 euros por habitante, frente a los 467.000.000 euros que destinara el Estado, con un gasto por habitante de 10,04 euros en este año.
Por su parte, el Gobierno de Aragón destina más de 18.000.000 de euros de su presupuesto y el gasto por habitante es de casi 14 euros.
En este sentido, el concejal ha apuntado que de las tres administraciones, "la única que no tiene competencias en materia de vivienda es la que más invierte en ella" para denunciar la necesidad de que el Estado ceda competencias a las CCAA para que estas "puedan regular los precios de alquiler estableciendo, por ejemplo, unos precios máximos".
Además, el responsable de vivienda ha comparado los parques públicos de alquiler social españoles con los del resto de Europa, donde "el 15 por ciento de cada vivienda edificada es de alquiler social o alquiler público, frente al dos por ciento de España".
Los responsables de vivienda de otras siete ciudades (Madrid, Barcelona, Valencia, La Coruña, Cádiz y Santiago de Compostela) también presentarán sus alegaciones al Plan Estatal de Vivienda 2018-22 en la reunión del próximo lunes.
