El Ayuntamiento de Zaragoza está en condiciones de entregar al Instituto Aragonés del Agua (IAA) los datos con la información tributaria de enero de 2016 para el cobro del Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA).

Fuentes municipales han indicado en un comunicado que el consejero municipal de Economía y Cultura, Fernando Rivarés, se ha dirigido por carta al presidente del Instituto Aragonés del Agua respondiendo al requerimiento del Gobierno de Aragón de suministrar los datos para poder cobrar el impuesto.

Rivarés detalla en el mismo todos los encuentros técnicos que ha habido durante el último año entre ambas instituciones y las dificultades que se han puesto de manifiesto para resolver los problemas que plantea la transferencia de la información solicitada desde unas bases de datos dinámicas y diariamente cambiantes.

Según estas fuentes, la ley del ICA va a tener que ser modificada según reconocen en varios escritos los propios técnicos del Instituto Aragonés del Agua, en varios apartados que hacen referencia a los criterios para la determinación de consumos y a las tarifas bonificadas.

Rivarés advierte en su carta de que toda la documentación facilitada ha de supeditarse a los cambios normativos para poderse aplicar en el cobro del ICA, y tiene el carácter de información confidencial.

Por su parte, la concejal de Medio Ambiente y Movilidad, Teresa Artigas, ha recordado que los procesos abiertos en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) y en el Constitucional contra la aplicación de este impuesto siguen pendientes de sentencia y que el gobierno de ZeC mantiene que el ICA es un impuesto "injusto" para los zaragozanos.

Y agrega que exigirán que en caso de aplicarse cumpla el principio de progresividad fiscal que hoy tiene el recibo del agua en Zaragoza, que grava más a los grandes consumidores, como una forma de defender el derecho universal al acceso al agua de la ciudadanía; así como el principio de recuperación de costes, que solamente se tribute por aquello que después se invierte en las infraestructuras relacionadas con el agua, tal y como lo indica la Directiva Marco del Agua.

Y reclamarán además que parte del dinero que se recaude se invierta en necesidades de mejora de las infraestructuras de saneamiento y depuración de las aguas en Zaragoza, valoradas en unos 40 millones de euros.