El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha sacado hoy adelante por unanimidad una moción del PP por la que se ha acordado instar al Gobierno de la Ciudad a elaborar y poner en marcha en el plazo de tres meses un plan municipal de lucha contra el fraude fiscal.
El concejal del PP Jorge Azcón ha reconocido la labor de los funcionarios de la agencia tributaria y ha aludido al informe en el que la persona responsable insta al Ayuntamiento a "reconsiderar la situación de personal del servicio porque si continua en detrimento afectará a los resultados y eficacia del mismo".
El edil del PP ha subrayado en este sentido que el servicio de recaudación ha pasado de 78 a 57 personas, que la recaudación de los servicios de inspección se ha reducido en 5 millones al pasar de 22,6 a 17,5 o que en 2012 se levantaron 625 actas y 293 en 2013.
El portavoz económico del PP ha justificado asimismo la iniciativa al entender que "el tripartito ha decidido mejorar los ingresos subiendo los impuestos en lugar de conseguir recursos de los que defraudan".
El consejero de economía y Hacienda, Fernando Gimeno, ha asegurado que "ayudar a que se incrementen los ingresos de caja siempre es enormemente positivo" pero "el drama es de los que quieren pagar y no pueden", de ahí que se aplacen los pagos hasta el límite.
El portavoz de CHA, Juan Martín, quien ha respaldado la iniciativa, ha advertido que esto significa que el gobierno municipal "se va a tener que plantear seriamente embargar las cuentas del Ejecutivo autonómico" al recordar que no paga el IBI, ni los badenes y "le debe 40 millones al Ayuntamiento de Zaragoza".
Por eso ha instado a Azcón a comprometerse con su grupo a que el Gobierno de Aragón "no nos avergüence fiscalmente".
En respuesta, Azcón también se ha referido a la deuda de los Ayuntamientos de Villamayor o Utebo con Zaragoza sin dudar de que sus alcaldes son "gente honrada" aunque el Consistorio que gobiernan "tenga dificultades y no puedan pagar lo que nos deben".
Raúl Ariza, de IU, ha anunciado su apoyo a la iniciativa porque es algo contra lo que su formación siempre ha batallado, pero ha preguntado por ese mismo plan en los ayuntamientos de Huesca y Teruel, "donde gobiernan".
No obstante, ha advertido de que si no se cuenta con trabajadores públicos con cierta estabilidad, medios o capacidad de intervención "es muy complicado desarrollar prácticas que nos parecen sensatas".
Para Ariza, "el auténtico escándalo es no evitar barbaridades que se están cometiendo en los lugares donde gobiernan" y ha aludido a Valencia donde, ha denunciado, se alquilan habitaciones a 700 euros o Málaga, con salarios por encima de los 100.000 euros.
