Los ayuntamientos de Zaragoza y otras siete ciudades del país -Madrid, Barcelona, Valencia, Córdoba, Cádiz, A Coruña y Santiago de Compostela- presentaron ayer en Madrid una Propuesta de Ley (PL) con el objetivo de regular los alquileres abusivos y mejorar las garantías y el acceso a la vivienda en alquiler. La a iniciativa, en la que también participa el grupo confederal de Unidos Podemos, plantea volver a ampliar la vigencia de los contratos a cinco años prorrogables por otros cinco -en la legislación actual es de tres más uno- e incluir la posibilidad de una prórroga obligatoria de otros cinco años si la persona o familia inquilina ha cumplido con todas sus obligaciones contractuales.

La propuestas se registró en el Congreso de los Diputados y busca modificar algunos artículos de la Ley de Arrendamientos Urbanos. En representación del consistorio zaragozano acudió el concejal de Vivienda, Pablo Híjar, quien manifestó que «la burbuja de la especulación inmobiliaria, que en los últimos años se ha llevado por delante el derecho a la vivienda en España, se está trasladando a los alquileres, un problema que ya está teniendo consecuencias en ciudades como Zaragoza».

Esta proposición tiene como principal meta «revertir algunas de las reformas llevadas a cabo por el Gobierno de España en 2013 y que han provocado que hoy vivir de alquiler sea cada vez más difícil para gran parte de la ciudadanía», señaló.

Otra de las modificaciones planteadas es la posibilidad de que los municipios (en coordinación con sus comunidades autónomas) puedan declarar áreas urbanas de mercado de vivienda tensionado (AUMVT) en las que, temporalmente y de forma justificada con criterios claros, pueda implementarse una regulación de precios para evitar subidas abusivas en los alquileres. Se trata de una medida inspirada en políticas que ya se están aplicando en ciudades como Berlín o Múnich, de carácter excepcional y circunscrita a zonas determinadas que cumplan una serie de requisitos, durante un periodo de 5 años, a revisar. Algunos de ellos son que exista una fuerte demanda de vivienda en alquiler no satisfecha, que la oferta de viviendas vacantes asequibles sea inferior a la media del territorio de la Comunidad o que se esté produciendo un proceso de gentrificación.