El Gobierno de Zaragoza aprobó ayer la derogación de la controvertida ordenanza cívica, que será sustituida por un procedimiento sancionador único que reduce notablemente las sanciones máximas aplicables para conductas como el botellón, con una rebaja de la multa de mayor cuantía de 1.500 euros a, como máximo, 250 euros. No solo eso, ya que se introduce una nueva figura, la del apercibimiento, con lo que la Policía Local podrá avisar verbalmente a los infractores si la falta es considerada como leve.

El borrador, que se someterá a un proceso de participación, también define de forma más detallada que en la anterior ordenanza la realización de trabajos para la comunidad en lugar del pago de la multa para mayores de 21 años --esta sustitución está reservada para infractores de 14 a 21-- en el caso de que no tengan recursos económicos o que estén bajo la acción protectora de los servicios sociales municipales. También cuantifica el precio de las jornadas de formación o de trabajo para la comunidad: tendrán una duración de máxima de cuatro horas y, cada dos, se condonarán 50 euros del importe de la sanción.

Según detalló ayer el vicealcalde Fernando Gimeno, la derogación, que responde a los acuerdos con IU para la aprobación del presupuesto del 2012, conlleva la unificación y homogeneización, en una sola ordenanza, del procedimiento sancionador de las infracciones, así como la modificación de las normativas en materia de Limpieza Pública, Uso de Zonas Verdes y Actividades Publicitarias en el Ámbito Urbano.

Esto conlleva que, si en la anterior ordenanza las multas se aplicaban de forma general según su gravedad --leves hasta 500 euros y graves hasta 1.500-- ahora se establece una tipología de las infracciones con sus respectivas sanciones --orinar en la calle o hacer grafitis, hasta 250 euros si la conducta es leve; o no recoger las heces de un can, hasta 80 euros--. La previsión es que el consistorio pueda incluso recaudar más que con la anterior ordenanza --solo se ingresaba la cuarta parte de las sanciones--, a pesar de la rebaja en la multa máxima, al ser cantidades más asequibles.

"Había previstas sanciones de 1.500 euros que obviamente no se cobraban. Y era preciso adecuarlas, dado que eran similares a las que pagaba, por ejemplo, un conductor ebrio", aseveró Gimeno. De hecho, la partida de ingresos por esta ordenanza prevista para el 2013 se mantiene en 1,3 millones.