Las ciudades más grandes es España manifestaron ayer su rechazo al borrador del real decreto ley sobre pobreza energética del Gobierno, entre ellas, Zaragoza. La concejala de Derechos Sociales, Luisa Broto, asistió ayer a un acto celebrado en el Ayuntamiento de Barcelona al que acudieron representantes de Madrid, Barcelona, Valencia, A Coruña, Córdoba, Cádiz y Santiago de Compostela.

Los ocho ayuntamientos presentaron sus alegaciones al proyecto con que el Estado quiere regular el bono social y la figura del consumidor vulnerable.

Todos coinciden en que el proyecto de ley pone en peligro el trabajo que llevan a cabo para garantizar el suministro a las personas en riesgo de exclusión social.

Los representantes municipales consideraron que antepone la protección de las compañías eléctricas en detrimento del consumidor vulnerable al supeditar la defensa de las familias en riesgo de exclusión a la existencia previa de una administración pública que asuma por adelantado el pago de las facturas pendientes.

Además, argumentan, que se deja en manos de las empresas comercializadoras la prerrogativa de determinar la condición de vulnerable del consumidor.

CRÍTICAS / Broto puso énfasis en que «no se puede tratar como algo normal el corte de suministro a personas o familias», como, en su opinión, hace el Mariano Rajoy. Aseguró que con este proyecto se vuelve a exigir a los ayuntamientos «la aplicación de la normativa sin recursos» «Esta regulación es una burla», sentenció la teniente de alcalde de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona, Laia Ortiz, que advirtió de los peligros de «una mala regulación que llega tarde y sin escuchar a la ciudadanía ni a los municipios». Ortiz destacó en nombre de los ocho consistorios que el proyecto del Gobierno «deja fuera a mucha gente vulnerable, incrementa la presión a los servicios sociales y exime a las grandes compañías suministradoras mientras penaliza a las pequeñas».

La responsable de Justicia Social y Cuidados del Ayuntamiento de A Coruña, Silvia Cameán, aseguró que la ley que propone el Gobierno «invade competencias legítimas -de los ayuntamientos- que permiten normativas y prestaciones más adecuadas a sus realidad», hasta el punto que el 55 % de las familias vulnerables que atienden ahora los Servicios Sociales quedan excluidas del bono social, señaló.

El titular del área en Córdoba, Rafael del Castillo, acusó al Gobierno de fijar unos criterios muy restrictivos para ser considerado en situación de vulnerabilidad severa con el fin de minimizar el número de familias que sufren pobreza energética y «poder decir que no existe este problema en este país».