Cerca de 6.700 sistemas de videovigilancia controlan las calles y edificios de la provincia de Zaragoza, la gran mayoría de ellas en la capital. Una cifra que se eleva a cerca de 9.000 en todo Aragón. Así figura en los últimos registros de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), en la que deben de inscribirse todos estos sistemas de cara a llevar un control de legalidad y para futuras reclamaciones por la Ley de Protección de Datos que regula su uso.

Según fuentes de la agencia, el número exacto de cámaras es difícil, si no imposible, de conocer. Por un lado, cada autorización de sistema (que se denomina fichero) conlleva la instalación de un número indeterminado de aparatos asociados al circuito cerrado. Es decir, la cifra de cámaras es teóricamente muy superior a los 6.694 ficheros que contabilizan. Además, solo tienen obligación de inscribirse en el registro los sistemas de cámaras que graban las imágenes. Algunas solo sirven para visualizar en directo, como ocurrió con las de dentro de la basílica del Pilar cuando ocurrió el atentado anarquista.

En cualquier caso, la cifra de sistemas es orientativa para comprobar la proliferación de cámaras, fácilmente comprobable, en todo caso, con un paseo por las calles y comercios. Hace apenas un lustro rondaban las 5.000 autorizaciones en toda la provincia. Y eso que la normativa marca que únicamente se han de instalar cámaras cuando no sea posible mantener un establecimiento mediante medidas menos lesivas para la intimidad personal.

No es el único principio que se incumple, ya que la regulación también marca que se ha de señalizar con carteles visibles que una zona tiene videovigilancia (también deben reflejar el número de fichero, para poder ejercer los derechos del consumidor en caso necesario), y no siempre sucede.

En cualquier caso, teóricamente las cámaras de carácter privado (la gran mayoría, 6.522 sistemas de los 6.694 de la provincia de Zaragoza) no pueden enfocar a lugares públicos, espacio que solo pueden abarcar las que pone la Administración.

En el caso de Zaragoza, según diversas fuentes consultadas, hay unas 61 en las calles con funciones de vigilancia, en principio contando las que recientemente se han instalado en la plaza del Pilar, como los bolardos retráctiles, por los planes adoptados de la Junta Local de Seguridad. Según fuentes municipales, estas se sitúan en edificios municipales, monumentos, la zona de la Expo o el Parque del Agua. Sus imágenes no se supervisan en directo y solo si la Policía Nacional las requiere para resolver algún delito, se recupera la grabación. Esta, por ley, ha de conservarse un máximo de un mes, salvo que medie investigación policial o judicial.

Además de estas cámaras de estricta vigilancia de seguridad, la capital aragonesa cuenta con una red de cámaras de movilidad de tráfico, cuyo número no detallaron las fuentes municipales consultadas. Sí explicaron que se controlan, al menos en horario de mañana, desde el departamento de Movilidad, que de hecho tiene la posibilidad de mover muchas de ellas con un joystick para enfocar la zona que interese, por ejemplo por un accidente o para comprobar la causa de un atasco.

Para mantener la privacidad, estas cámaras cuentan con un software informático que oscurece automáticamente las ventanas o cualquier otra parte de las casas que pueda afectar a la privacidad ciudadana.