El pleno de Zaragoza decidió ayer aparcar la tensión política creada por el golpe dado a las sociedades municipales, tras la expulsión de la oposición de la toma de decisiones, para vestir por un día al PP municipal de Zaragoza en Común (ZeC). Escenificar su soledad en una cuestión como la que afecta a la expropiación de suelo que, con motivo de las obras de la Expo, se hizo al club deportivo Tiro de Pichón. Se trataba de aprobar la anulación de aquella decisión plenaria que impulsó la adquisición de más de 11.797 metros cuadrados de terreno por la que ahora el Tribunal Supremo le obliga a pagar 9,6 millones de euros, no 3 como desembolsó en su día. El equipo del alcalde Pedro Santisteve obtuvo el apoyo de PSOE, Ciudadanos (Cs) y CHA, y se permitió el lujo de decirle a los conservadores que cuando todos los demás opinan lo contrario, quizá tengan razón. Exactamente lo mismo que le recriminan a él con la polémica de las sociedades y otras muchas cuestiones en esta legislatura.

Se trata, explicó el portavoz de ZeC y responsable de Urbanismo, Pablo Muñoz, de un «ejercicio jurídico, ético y político» que justifican esta «revisión de un acto propio». Se trataba, dijo, de «no pagar por algo que es nuestro» y en eso se basó todo el argumentario de los partidos que lo apoyaron, la «defensa de los intereses de la ciudad».

Recordó que los servicios jurídicos han encontrado hasta «cinco causas de nulidad» de aquella expropiación por la que ya se abonaron 2.348.467 euros cuando se fijó el justiprecio que acabó en desaveniencia y en un largo proceso judicial que ya se ha agotado con la sentencia condenatoria del Alto Tribunal. Un fallo «que acato pero incomprensible», añadió el edil, quien remarcó que están «obligados» a anular aquella expropiación que un documento de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) constata que el suelo era de dominio público y no debió pagar por él.

Solo el PP se posicionó en contra de hacerlo. El concejal Pedro Navarro replicó que «la esencia del cargo público es cumplir y hacer cumplir la ley» y que no se estaba haciendo con esta decisión. Su rechazo se basaba también en su «legítima» defensa del interés general: «¿Son conscientes del dineral que nos está costando las chapuzas jurídicas de esta banda?», preguntó al resto.

En su opinión, esa anulación era «pegar una patada hacia delante» que a la ciudad le sale por «mil euros cada día» que pasa, por los intereses de demora que van a tener que abonarse por retrasar el pago que ahora ya ha ratificado el Supremo. Y que se busca «hacerse un relato a lo Rivarés (el responsable de Economía), sobre que es un club deportivo para la casta.

Pero el PSOE, Cs y CHA esta vez se convertían en aliados para Santisteve. Quizá porque tampoco nadie cargó contra la gestión de aquella expropiación, hecha por el Gobierno de Juan Alberto Belloch, porque se desconocía el documento de la CHE. La socialista Lola Ranera apuntó que la defensa de los intereses de la ciudad era el «denominador común» basado en el «impresionante» informe de los servicios jurídicos. «No es que no tengamos más remedio», como había afirmado Muñoz, «sino que no tenemos ninguna duda», añadió.

Alberto Casañal, de Cs, dijo que no están «obligados por esas cinco casuísticas jurídicas sino porque es de pleno derecho defender los intereses de la ciudad». «La parcela era de dominio público y jamás debió haber sido expropiada», añadió la concejala Leticia Crespo, de CHA.