El culebrón del servicio de atención telefónica 010 del Ayuntamiento de Zaragoza ha vuelto. El nuevo episodio tiene como protagonista al letrado del consistorio, que ha remitido un informe a la jueza Concepción Gimeno, titular del juzgado de lo contencioso administrativo nº 4 de Zaragoza, que instruye el caso del 010. Le acusa de colocar al consistorio en una «posición de indefensión» por sus cautelares reiteradas y de «vulnerar» el artículo 24 de la Constitución que habla sobre del derecho de defensa.
Según el texto, esto se produce tras la decisión de la magistrada de mantener la medida cautelar del pasado 3 de marzo por la que se suspende la decisión del Gobierno de la ciudad de febrero de asumir la prestación del servicio, ante la evidente inviabilidad económica de la empresa gestora, Pyrenalia, de hacerlo.
El concejal de Servicios Públicos, Alberto Cubero, informó ayer de la existencia de este documento, un día después de hacérselo llegar a la magistrada acompañado del acuerdo de Gobierno del viernes pasado por el que se decidía no aprobar la cesión del servicio a Datanoise, filial de Pyrenalia.
PRIVATIZACIÓN
Cubero explicó que, si en el plazo de dos semanas la jueza no levanta las medidas cautelares, anularán el acuerdo de Gobierno de febrero, recurrido por la patronal de empresarios, CEOE. En ese caso, reactivarán los pliegos del anterior concurso, redactados por el anterior equipo de Gobierno y que Zaragoza en Común (ZeC) paralizó al llegar a la alcaldía a pesar de que las empresas ya habían presentado sus ofertas, entre ellas, Pyrenalia. El concejal explicó que, aunque redactarlos de nuevo sería la mejor opción, dilataría en el tiempo el proceso.
Reiteró que la magistrada se ha «excedido» en sus competencias «vulnerando el derecho a la defensa por parte del ayuntamiento» ya que, según explicó, le niega toda posibilidad a poder apelar a una instancia superior. «Es un golpe de estado jurídico», se atrevió a decir con el documento como argumentario. «Da la sensación de que no quiere que tengamos la posibilidad de defendernos», esgrimió.
En el texto, el letrado municipal, Carlos Navarro, que solicita a la jueza que retire las cautelares, señala que la medida dictada y reinterpretada impide que el ayuntamiento pueda «defender el acto impugnado -el acuerdo de Gobierno de febrero- y debatir si es legal o no la decisión y si procede la subrogación». Alude que la decisión de la jueza «no es finalizar el proceso anticipadamente o hacer que pierda su objeto», sino «garantizar que no pierda su finalidad legítima».
Entre las explicaciones, incide en que el «el juzgado debe posibilitar la satisfacción de las pretensiones de ambas partes procesales» algo que, a su juicio, esta impidiendo con las medidas cautelares. Con esta decisión, está obligando al consistorio a anular su propio acuerdo, prosigue el texto, y proceder a su externalización. El letrado hace referencia al incumplimiento que, a su juicio, se está haciendo del artículo 24 de la Constitución al «entorpecer» o «limitar» sustancialmente el derecho a la defensa.
Añade que, la reinterpretación de la cautelar se entiende como la «privación o la total eliminación» de la posibilidad de defensa por parte del ayuntamiento y su potestad a decidir cómo, cuándo y de qué manera se presta el servicio.
