El Gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza aprobará hoy un nuevo decreto que incluye tres cláusulas con las que se limitará y prohibirá que compañías que tienen actividades en paraísos fiscales puedan prestar un servicio en la ciudad.
La iniciativa parte del responsable de Servicios Públicos, Alberto Cubero. El concejal también ha añadido cláusulas sociales y de igualdad en este tipo de contratos.
A partir de ahora, todos aquellos contratos con el consistorio exigirán la firma de una declaración de responsabilidad social. Habrá dos condiciones por las que el ayuntamiento podrá rescindir de forma inmediata el contrato y sin indemnización alguna. Aquellas compañías que hayan operado en alguna ocasión en un paraíso fiscal no podrán ser contratadas.
En el caso de que se descubra que una compañía que ya está prestando el servicio actúa en paraísos fiscales, el ayuntamiento no podría anular su contrato, pero no volvería a participar en un concurso municipal. Desde el Servicios Públicos informaron que son los tribunales y el Ministerio de Hacienda tienen la competencia para acusar de que alguna empresa está actuando en un paraíso fiscal.
Desde Podemos Zaragoza apoyaron la decisión municipal y apuntaron la necesidad de avanzar en una legislación estatal y europea "potentes que luchen contra estas prácticas, para conseguir la erradicación de los mismos, al menos en Europa".
