La Oficina municipal contra el Fraude y la Corrupción del Ayuntamiento de Zaragoza da un nuevo paso para su creación, con la aprobación hoy en el Gobierno de la ciudad del proyecto de reglamento de este organismo de control y prevención.
Tal y como ha destacado en conferencia de prensa el portavoz del Gobierno zaragozano, Fernando Rivarés, el texto es fruto de la participación después de mantener diferentes reuniones de trabajo con entidades sociales y colectivos ciudadanos.
Posteriormente, este anteproyecto se sometió a consulta pública a través de la página web municipal y ahora la intención del Gobierno es buscar el consenso de los grupos municipales para su aprobación en un plazo de dos a tres meses, ha manifestado Rivarés.
Por ello, a partir de ahora se abre un plazo de quince días para que los grupos municipales puedan realizar alegaciones al texto, que pasará posteriormente por la Comisión de Economía y por el Pleno.
El portavoz del Gobierno ha incidido en que con la puesta en marcha de esta oficina se pretende contribuir al control y la prevención del fraude y la corrupción en el ámbito municipal y "ayudar a que la ciudadanía recupere la confianza perdida en las instituciones públicas".
La Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción se plantea como un órgano independiente, con autonomía funcional, que dependerá del Pleno y que actuará sobre todo el Ayuntamiento, incluidos los organismos autónomos y sociedades municipales.
Su función será la de alertar e investigar el uso ilícito de fondos públicos, las situaciones de incompatibilidad y conflictos de intereses o los casos en los que haya un aprovechamiento privado de información obtenida en el desempeño de funciones para el Ayuntamiento, han informado fuentes municipales.
Además, tendrá una función preventiva y fomentará las buenas prácticas y la ética pública, la transparencia y la integridad de cargos y empleados públicos.
El proyecto de reglamento aprobado hoy recoge que al frente de ella habrá un director o directora, que deberá ser una persona de "reconocida trayectoria democrática y de prestigio y que no podrá estar afiliada a ningún partido político, sindicato o asociación empresarial".
Para este nombramiento, que será propuesto por el Gobierno y tendrá que ser aprobado por tres quintas partes del Pleno de la ciudad, el portavoz ha manifestado que todavía no hay un nombre propio.
