La movilidad acaparó buena parte del debate en la sesión maratoniana del pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, y lo hizo por partida triple, hablando del tranvía, del autobús y de ese plan de movilidad sostenible que se espera como agua de mayo. El estado del servicio y la posibilidad de que la próxima semana empiecen los paros en ambos elevaron el tono de la discusión. Pero el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) tratará «el próximo lunes» de buscar una estrategia conjunta con la oposición. Sin la responsable de Movilidad, Teresa Artigas, ni el de Servicios Públicos, Alberto Cubero. Será Fernando Rivarés, titular de Economía y portavoz del Gobierno, quien la citó en su despacho. Para que todos se impliquen, aunque ayer ya se vio que será complicado el consenso.

«Comunicación y responsabilidad». Es lo que pidió la vicealcaldesa Luisa Broto, que fue quien llevó el debate, para «entre todos dar con una solución» a un «conflicto laboral privado» en el que, adelantó, el papel del consistorio es más limitado en el tranvía que en el bus. Porque a diferencia de la contrata, la línea 1 está en una sociedad mixta en la que el consistorio tiene el 20% del accionariado y la raíz del problema está en una empresa contratada. Es decir, tiene un papel minoritario. Pero para la oposición debe ser garante del servicio público.

TODO LO POSIBLE

El acuerdo es difícil cuando el PP ya exige plantar cara a los comités de empresa a base de servicios mínimos que blinden las fiestas del Pilar. El conservador Sebastián Contín instó a «actuar con firmeza». «Basta ya de secuestrar a los ciudadanos» en estas fechas, añadió.

Para el PSOE, el Gobierno está «impasible» ante las amenazas de huelga «combinada» que «puede ser fatal para el ciudadano». Le pidió «altura de miras y capacidad de dejarse pelos en la gatera», y que medie o que «si se ve incapaz, contrate a un mediador». Alberto Casañal, de Ciudadanos, situó en el origen del problema actual la ausencia de un plan de movilidad para que «los ciudadanos dejen el coche en casa y no sea por imposición». Ahora toca hacer «todo lo posible». En su caso, como en el de CHA, sin condiciones previas (a diferencia del PP). El nacionalista Carmelo Asensio recordó que el tranvía es un «elemento clave» en la movilidad actual y que hablar del papel minoritario en la sociedad son «excusas de mal pagador». «Tendrá el 20% del accionariado pero el 100% de la responsabilidad», le recordó.

Una discusión que se vio tensada por otro debate, el «deterioro» en el bus que está a punto de provocar una nueva huelga. El presidente del comité de empresa, Javier Anadón, hizo entrar en calor el debate. Recriminó a ZeC que consienta que la empresa no cumpla lo pactado en el 2016, y que a cambio amplíe la antigüedad de los vehículos a 17 años y le pague 117.000 euros por 9 vehículos de segunda mano.

La socialista Lola Ranera acusó a ZeC de haber hecho «caja de dos millones» en la huelga del 2016 para ahora no cumplir con la plantilla. Pero la responsable de Movilidad, Teresa Artigas, le reprochó que los problemas actuales surgen de unos pliegos «nefastos» que aprobó el PSOE en el 2013. Por ejemplo, no preveía ningún vehículo híbrido o eléctrico y, con los acuerdos de este año, serán 191, o solo obligaba a comprar 189 buses nuevos y ahora serán 253. «Hemos ido a la raíz del problema, así que aprovechen estos meses para montar el sainete porque en diciembre tendrá que callarse la boca», dijo.